La noche del 1 de octubre el tribunal tercero de juicio con competencia en terrorismo del área metropolitana de Caracas condenó a 10 de los implicados en el caso Brazalete Blanco, una supuesta conspiración en contra del depuesto Nicolás Maduro.
Dos abogados del Foro Penal informaron a su salida del Palacio de Justicia en la capital venezolana que las penas más altas de prisión la recibieron el capitán del Ejército; Ányelo Heredia (18 años), junto al teniente coronel, Guillermo Enrique César y Ronald Ferrer, también condenados por el mismo delito, pero con una pena de 12 años.
Además, por encubrimiento sentenciaron a 3 años de cárcel a la primer teniente Karen Gómez, el coronel Carlos Sánchez, el mayor Guillermo Henry César, la mayor Diana Suárez y Jesús Suárez, quien fue el único civil apresado por este caso.
Absolución para San Miguel y otros tres acusados
En esa misma causa estaba la abogada, activista de derechos humanos y directora de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, a quien le dieron libertad plena junto a otros dos de los acusados: Alejandro González, Luis Camacaro y Guillermo López.
Los abogados del Foro Penal explicaron que ellos defendían a Jesús Suárez, quien estaba privada de libertad en el estado Táchira. Recibió una medida cautelar sustitutiva de libertad.
Sobre este caso, el abogado Joel García se pronunció al calificarlo como una completa injusticia.
«A lo largo de mi carrera como abogado litigante he presenciado y enfrentado montajes judiciales aberrantes, pero el caso ‘Brazalete Blanco’ se lleva el sitial del peor que me ha tocado litigar», escribió en su cuenta de la red social X. Agregó que «el agravio continúa: condenan a 10 inocentes más».
Según el Ministerio Público, los implicados, que son presos políticos del chavismo, pretendíanasaltar la 21ª Brigada de Infantería en el estado Táchira, tomar un parque de armas, atentar contra la vida del gobernador Freddy Bernal y «asesinar» a Maduro.
A San Miguel la detuvieron el 9 de febrero de 2024 cuando iba a un viaje fuera del país junto a su hija. Después de mantenerla en desaparición forzada la presentaron en tribunales el 12 de febrero, para posteriormente el entonces fiscal Tarek William Saab, señalarla de ser supuestamente el enlace comunicacional con el resto de los apresados.
Saab la señaló de ser «una espía«, dar información de seguridad del país a gobiernos extranjeros y entre otras acusaciones de las que fue absuelta dijo que era la presunta encargada de «coordinar y trasladar todo el equipo comunicación necesario para cubrir los eventos y realizar la transmisión de la primera entrevista en tiempo real de los avances de la operación».
La persecución contra Ányelo Heredia y su familia
Heredia es un militar retirado a quien habían detenido el el 31 de marzo de 2017 en Táchira, para imputarlo por la Fiscalía Militar Tercera Nacional por traición a la patria, instigación a la rebelión y motín.
Pero en diciembre de 2019 logró fugarse de la prisión militar de Ramo Verde hasta su recaptura en diciembre de 2023 cuando intentaba huir a Colombia. Saab dijo que había sido él quien aportó la información para apresar al resto de los señalados.
Su familia sufrió la persecución, amenazas y hostigamiento de los cuerpos de seguridad e inteligencia del Estado. A una hermana, Anyi Heredia, y a los padres del militar los apresaron, sometieron a torturas y en específico a la hermana la amenazaron con fotografías de su hijo, entonces de 8 años, para decirle que le iban a cortar un dedo, entre otras formas de tortura.
Este caso, como otros documentados por las ONG de derechos humanos en Venezuela, fue denunciado por la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela como la técnica Sippenhaft, empleada por la Alemania nazi para perseguir a los familiares de judíos con el fin de obligarlos a entregarse a las autoridades. Es decir, se trata de un castigo por responsabilidad familiar.
San Miguel, que volvió a escribir en sus redes sociales después de un largo silencio tras su excarcelación el 8 de enero pasado, señaló en X que «la justicia solo será plena cuando el debido proceso, la dignidad humana y los derechos fundamentales sean una garantía para todos los venezolanos».
Al igual se pronunció por las penas de cárcel impuesta a los demás acusados: «En cuanto a las condenas emitidas en este caso contra otros acusados, espero sean anuladas por ser profundamente injustas. Continuaré trabajando con la misma transparencia y convicción por el respeto a los derechos humanos, el fortalecimiento del Estado de Derecho y por una Venezuela democrática».
El actual fiscal general, Larry Davoe, dijo que el Ministerio Público pidió la absolución de San Miguel y otros tres ciudadanos, pero no para los 9 militares condenados.
«En esta misma causa, 10 ciudadanos resultaron condenados luego de que se acreditara plenamente su participación en los hechos objeto del proceso», escribió el funcionario en su cuenta de la red social X, antes Twitter.