La mesa de diálogo entre la Asamblea Nacional de 2015 y el chavismo avanzó poco en su segundo ciclo de conversaciones, centrado en la continuación de las discusiones sobre el nombramiento de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el inicio del desbloqueo de medios de comunicación digitales independientes, censurados en el peor de los casos desde el año 2017.
Con insistencia, varios de los delegados opositores dijeron a finales de agosto que durante esta ronda de septiembre se debatiría sobre garantías y derechos políticos, uno de los tres puntos de la agenda de negociación que las partes anunciaron el 1 de agosto.
Lo que dijo Ramón López y no se discutió
Uno de esos voceros, Ramón López, dijo al director de El Pitazo César Batiz el pasado 25 de agosto, que esa sería la agenda a tratar. Mencionó los casos de las leyes restrictivas aprobadas en el seno de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente de 2017 y el Parlamento controlado por el chavismo desde el año 2021.
Entre ellas mencionó la de Ley Constitucional contra el Odio, la Convivencia Pacífica y la Tolerancia; la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela y la de regularización de las organizaciones no gubernamentales, bautizado por estas instancias como la “ley antisociedad".
López avanzó que entre los puntos a negociar estaban las inhabilitaciones políticas, la devolución de las tarjetas de los partidos políticos a sus legítimas autoridades e incluso la adecuación de la Ley contra la delincuencia organizada y el financiamiento contra el terrorismo a los estándares internacionales que recomienda la Organización de Naciones Unidas.
Este paquete de instrumentos jurídicos han sido usados por el chavismo para la persecución política contra la oposición, los así percibidos por su dirigencia instalada en Miraflores, así como contra defensores de derechos humanos, periodistas y la ciudadanía en general que a través de redes sociales como Facebook, Instagram y X, o en aplicaciones de mensajería como Whatsapp han expresado su opinión contraria a la gestión que por más de dos décadas ha gobernado los destinos del país.
«Todo lo que haya limitado la acción ciudadana, las garantías que debe tener un ciudadano en un Estado de derecho que lo proteja y le dé igualdad de condiciones, que no le dé ventajas sino igualdad eso lo vamos a hacer", aseguró López que se discutiría en el segundo ciclo de conversaciones.
Renovación del TSJ y desbloqueo de medios
Sin embargo, ninguno de esos temas estuvo en la agenda. Las partes al mostrar los resultados el pasado viernes 25 de septiembre se concentraron en anunciar la constitución del “Consejo de Revisión de Credenciales y Requisitos de los Postulados y Postuladas al TSJ".
Aseguraron que se constituyeron dos mesas técnicas y se realizaron siete sesiones de trabajo. Una de esas mesas fue la de “Libertad de expresión, pluralidad del pensamiento y derecho a la información" que permitió el inicio del desbloqueo de medios digitales independientes como El Pitazo, censurado por el chavismo desde el 17 de septiembre de 2017.
El mismo 17 de septiembre, antes de la constitución del ciclo de conversaciones, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) informó sobre la orden dada a los proveedores de Internet en el país, tanto públicos como privados, para comenzar los desbloqueos. En los primeros días la medida abarcó a 14 medios y al cierre de la mesa de diálogo se llegó a 77 de ellos, que también incluyó a organizaciones defensoras de derechos humanos, iniciativas de documentación económica y una buena cantidad de sitios web de noticias. Sin embargo, se conoce que esta medida fue el resultado de una propuesta llevada por los diputados de la AN2015 quienes recibieron informes de organizaciones que defienden a la libertad de expresión y a los periodistas.
Pese a ello, la iniciativa de monitoreo de derechos digitales Venezuela Sin Filtro, de la ONG Conexión Segura, a la fecha dice que hay 148 dominios bloqueados, de los que 55 son de noticias.
Desbloqueo de portales web deja en evidencia las medidas de censura por parte del chavismo
No se habló del CNE, inhabilitaciones ni cronograma electoral
La agenda dejó por fuera la renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE), la fijación de un cronograma electoral ni la intervención judicial de los principales partidos de la oposición venezolana, a los que el TSJ en el año 2020 entregó a dirigentes que apoyaron al chavismo en los subsiguientes procesos electorales que ese año comenzaron con las parlamentarias en las que el chavismo recuperó el control del Legislativo.
No se dijo nada de las inhabilitaciones políticas que han sido usadas por el chavismo a su conveniencia para dejar por fuera en distintos procesos electorales a candidatos de mayor popularidad o peso dentro de la oposición como la propia María Corina Machado en el año 2024, año en el que también ratificaron la inhabilitación contra el entonces exgobernador de Miranda, Henrique Capriles Radonski, así como contra alcaldes opositores en ejercicio como el caso de Elías Sayeh, que era el regente de El Hatillo en ese momento.
Este lunes, 28 de septiembre, otro de los delegados opositores en la mesa, Jorge Millán, dijo en entrevista con la periodista Shirley Varnagy que los derechos y garantías políticas serían el tema de discusión del tercer ciclo de conversaciones previsto para mediados de octubre.
“Los venezolanos ansían tener elecciones lo más pronto posible, la delegación de la Asamblea Nacional 2015 acompaña ese anhelo y está trabajando para que en conjunto con nuestros aliados (…) podamos tener instituciones que permitan estas elecciones y las condiciones mínimas", aseguró durante esa conversación.
No especificó si dentro de esos aliados hablaba de Estados Unidos, que desde el 3 de enero cuando capturó a Nicolás Maduro y Cilia Flores mantiene el tutelaje sobre Venezuela, tanto del chavismo como de la oposición que dialoga con ellos en esa mesa de negociación.
Millán declaró que sus aspiraciones eran que en octubre se hablara de las garantías políticas, pero tampoco lo confirmó.
“Aspiramos que el próximo ciclo, que será a mediados de octubre, ya iniciar con fuerza la revisión de todos estos procesos de garantías políticas", expresó.
Las partes también constituyeron una comisión paritaria de seguimiento para verificar el cumplimiento de los acuerdos alcanzados, pero no se sabe quiénes integran ni este grupo ni la mesa técnica de libertad de expresión.