Caracas.- La organización no gubernamental (ONG) Espacio Público registró en 2024 un total de 619 denuncias de violaciones a la libertad de expresión, un aumento de 61 % con respecto al año anterior, cuando se reportaron 384 casos.
De acuerdo con este reporte, 2024 fue el año con más violaciones a la libertad de expresión en el último lustro. Al igual que en años anteriores, el aumento de las casos coincide con las tensiones políticas y el aumento de la conflictividad social, reseña la organización Provea en su portal web.
Entre las violaciones registradas destaca la intimidación, con más de un tercio de las denuncias recibidas. Incluyen casos de impedimento a coberturas, restricciones de acceso a determinados espacios y detenciones por buscar información o difundir contenido.
Le sigue censura con 21 %, hostigamiento judicial con 13 %, hostigamiento verbal con 13 %, restricción administrativa con 11 %, amenaza con 5 %, agresión con 3 %, ataque con 1 %, y restricción legal con 1 %.
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Aumento de las detenciones
El año pasado, al organización también registró 99 detenciones por expresiones de opiniones, un aumento de 254 % con respecto al año anterior. De los detenidos, 71 fueron particulares, y 24 periodistas o trabajadores de la prensa. El resto de los privados de libertad son miembros de ONG o trabajadores públicos.
«Las detenciones arbitrarias fueron una de las principales herramientas utilizadas por el Estado para silenciar a quienes ejercen la libertad de expresión. Esta escalada de la represión refleja una estrategia gubernamental dirigida a controlar el discurso público y a limitar el espacio cívico, la cual se intensificó a partir del proceso electoral presidencial», dice el reporte.
Del total de detenciones, 28 fueron por uso de redes sociales o internet y 36 por acusaciones de presunta instigación al odio. «Con frecuencia, estas detenciones se dieron tras la publicación de contenido de carácter político o convocatorias a protestas ciudadanas en redes sociales como Tik Tok e Instagram. Igualmente, registramos detenciones por la difusión de mensajes a través de Whatsapp, lo cual da cuenta de la sofisticación de los mecanismos de vigilancia y del recrudecimiento de la represión». En tal sentido, desde el Estado se incentivó la delación entre vecinos como herramienta de control social», agrega.
Restricciones y cierres de medios
El informe también denuncia la implementación de medidas legales que restringen «significativamente» el ejercicio de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos. Estas restricciones afectan a la sociedad en general, ya que debilita el espacio público, obstaculiza el debate público y menoscaba el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de opinión, asociación y participación política.
Espacio Público registró el cierre de 23 medios de comunicación, 21 emisoras de radio. El reporse señala que el cierre de medios de comunicación se ha consolidado como un patrón restrictivo impulsado por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y por gobiernos regionales contra medios que ofrecen espacios de crítica a la gestión gubernamental y que replican denuncias sobre problemáticas sociales o de interés público.
Destaca que «los periodistas son los más afectados por las violaciones al derecho a la libertad de expresión, al enfrentar frecuentes ataques y agresiones mientras realizan su trabajo. Al igual que en periodos anteriores, lideran la lista de víctimas con al menos el 34 % de los registros. Estos incidentes suelen ocurrir principalmente durante la cobertura de eventos noticiosos, como manifestaciones o en dependencias de organismos públicos».
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