Caracas.- El juez de la Audiencia Nacional de España Santiago Pedraz citó como investigado al exviceministro de Energía Eléctrica de Venezuela Nervis Villalobos, en el marco de las averiguaciones del denominado caso Leire.
La resolución judicial busca determinar si el exfuncionario chavista incurrió en un presunto intercambio de favores con personas vinculadas al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) para obtener beneficios legales a cambio de influir en causas penales en su contra.
De acuerdo con medios españoles, las autoridades españolas piden que Villalobos asista el próximo 28 de octubre para que aporte la documentación original que presentó en el expediente de concesión de nacionalidad por la Ley de Memoria Histórica. En su comparecencia, debe mostrar la partida de nacimiento y el pasaporte de su abuela de origen español.
Nervis Villalobos se desempeñó como viceministro de Energía Eléctrica durante el gobierno de Hugo Chávez entre los años 2002 y 2007. Tras fijar residencia en España, el exfuncionario fue procesado en los tribunales madrileños por presuntos delitos de blanqueo de capitales y corrupción en causas conocidas como Duro Felguera y Columbus, investigaciones lideradas por el fiscal anticorrupción José Grinda.
Por su parte, Leire Díez es una exmilitante y operadora política vinculada al PSOE a quien los investigadores señalan de encabezar una red de tráfico de influencias. Según las pesquisas de la Guardia Civil, Díez ofreció contactos con altos mandos del partido de gobierno y del Ejecutivo español para agilizar trámites administrativos a cambio de contraprestaciones o pagos opacos.
El abogado Ismael Oliver, representante legal de Villalobos e imputado en la misma causa, habría servido de nexo entre el exviceministro venezolano y la red de mediación política.
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Nacionalidad a cambio de maniobras judiciales
De acuerdo con las actuaciones judiciales recopiladas por el juez Pedraz, entre 2024 y 2025 se estableció un canal de negociación entre la red liderada por Leire Díez y la defensa de Nervis Villalobos.
El exviceministro buscaba agilizar la aprobación de su expediente de nacionalidad por descendencia y lograr el desbloqueo de cuentas bancarias congeladas por la justicia en el marco de sus causas por lavado de dinero. Asimismo, la trama intentó gestionar entrevistas de alto nivel con autoridades financieras del Estado, incluyendo al gobernador del Banco de España.
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A cambio de estos favores, la red buscaba aprovechar la situación procesal de Villalobos para arremeter contra operadores de la justicia española. Específicamente, se indaga si el exfuncionario facilitó testimonios o presiones dirigidas a condicionar la labor del fiscal anticorrupción José Grinda, e incluso si se planteó la oferta de un pago de 300.000 euros para lograr el archivo de los expedientes penales en su contra.
Con el fin de reconstruir la cadena de gestiones irregulares dentro de la administración pública, el magistrado ordenó la toma de declaraciones a altos cargos del Ministerio de Justicia de España.
En calidad de testigos, el tribunal también citó para el mismo 28 de octubre a José Antonio Ruiz de la Hermosa Gutiérrez, subdirector general de Nacionalidad y Estado Civil del Ministerio de Justicia, y a María del Mar López Álvarez, quien ejerció como subdirectora adjunta del mismo despacho hasta marzo de 2025. Ambos deberán precisar el recorrido institucional que siguió la solicitud presentada por Villalobos.
De manera paralela, la Audiencia Nacional pidió al PSOE consignar un registro detallado de sus contrataciones recientes de asesoría legal.