La Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela de la ONU señaló este miércoles, 16 de septiembre, que el aparato represivo del chavismo sigue intacto desde el pasado 3 de enero, fecha en la que Estados Unidos capturó y extrajo del país a Nicolás Maduro y Cilia Flores.
Pese a algunos cambios en instituciones y la excarcelación de presos políticos los miembros de este grupo dijeron en un nuevo informe desde Ginebra que aún los responsables o señalados de graves violaciones a los derechos humanos, que incluyen crímenes de lesa humanidad, como Diosdado Cabello y Gustavo González López siguen ejerciendo cargos en el aparato estatal.
«Otros actores implicados en la represión pasada continuaron ocupando sus mismos cargos en instituciones de seguridad e inteligencia, incluido el ministro responsable de los asuntos internos, Diosdado Cabello. En informes anteriores, la misión ha vinculado al señor (Gustavo) González y al señor (Diosdado) Cabello con graves violaciones de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad», explicaron en el documento.
Destacaron que pese a la renuncia de Tarek William Saab como fiscal general de la República y de Vladimir Padrino López al Ministerio de la Defensa, los dos funcionarios fueron incorporados a otros cargos dentro de la estructura de gobierno. El primero es responsable de la llamada «Gran Misión Viva Venezuela, mi Patria Querida»; un programa cultural de Miraflores, mientras que el general fue designado como ministro de Agricultura Productiva y Tierras.
«A pesar de su responsabilidad en graves violaciones de los derechos humanos, los dos hombres mencionados no han sido investigados ni procesados; por el contrario, han sido nombrados para nuevos cargos dentro del Gobierno», se lee en el informe sobre Saab y Padrino López.
Destacaron que tras un análisis de quienes están en cargos de gobierno, seguridad e inteligencia, concluyeron «que un número significativo de las personas que desempeñaban tales funciones al momento de redactar el presente informe habían sido identificadas previamente por la misión como responsables de haber cometido, ordenado, facilitado o contribuido de otro modo a la comisión de violaciones de los derechos humanos, incluidos crímenes de lesa humanidad».
Los hermanos Rodríguez, protagonistas de la represión
De la encargada de la administración del poder en Venezuela, Delcy Rodríguez, dijeron que desde 2014 ocupó importantes cargos dentro de la gestión de Nicolás Maduro, incluso al tener bajo su supervisión el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y su papel al frente de la Asamblea Nacional Constituyente de 2017, con la que se anuló a la Asamblea Nacional elegida en 2015, encabezada por la oposición, en los momentos más duros de la represión en Venezuela antes del ciclo del año 2024.
«A partir de 2018, la Sra. Rodríguez se desempeñó como vicepresidenta ejecutiva y fue formalmente responsable de supervisar el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, uno de los principales instrumentos de represión estatal», mencionaron.
De su hermano, presidente de la Asamblea Nacional de forma ininterrumpida desde el año 2021, Jorge Rodríguez, destacaron cómo ha sido una de las principales figuras en promover el uso de leyes en contra de la oposición, los disidentes y los que consideran como rivales políticos desde el chavismo.
«En esa función (presidente de la AN), desempeñó un papel clave en el impulso de legislación que facilitaba la persecución política. Tanto en ese cargo como en su anterior función de ministro de Comunicación e Información, ha sido un destacado portavoz de las políticas represivas del Estado —incluida la ofensiva represiva postelectoral de 2024— y ha utilizado activamente plataformas públicas para intimidar o desacreditar a líderes de la oposición y a actores de la sociedad civil», dijo la Misión.
En total, sostuvieron que 19 funcionarios implicados en la represión han sido reasignados en cargos, mantienen los puestos, como en el caso de Cabello, pero no han sido juzgados por las violaciones a los derechos humanos.
Leyes represivas y bloqueos a medios vigentes
Hicieron hincapié en la vigencia de leyes represivas: la Ley constitucional contra el odio y por la convivencia pacífica y la tolerancia; Ley Orgánica del Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela; y La Ley de 2024 sobre el Control, la Regularización, las Operaciones y el Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Sin Fines de Lucro, que a juicio de la Misión de la ONU se usa para mayor represión.
«Tal como se ha documentado en los informes anteriores de la misión, el sistema jurídico ha desempeñado un papel fundamental en la represión estatal. Sumado a una aplicación indebida y generalizada del sistema de justicia penal, dicho sistema represivo se sustentaba en una base jurídica derivada de una serie de instrumentos utilizados para restringir a la sociedad civil y a la disidencia», mencionaron.
Señalaron que aún persiste el temor por la aplicación de este tipo de instrumentos legales que han dejado una sociedad atemorizada, vigilante y se autoncesura.
«A pesar de los gestos de liberalización política, el espacio cívico y el espacio democrático siguen gravemente restringidos debido a los efectos acumulados de decenios de limitaciones al libre funcionamiento de los medios de comunicación, las organizaciones no gubernamentales, los sindicatos y los partidos políticos».
Explicaron que pese a esta pequeña liberación en el país, sigue el bloqueo contra sitios web, incluyendo medios de comunicación digitales independientes, se mantienen procesos judiciales abiertos contra periodistas.
Partidos judicializados y pequeños cambios
Sobre los partidos políticos señalaron que aún persisten la judicialización, la confiscación de sus tarjetas electorales por la judicialización del año 2020, así como por «continuos actos de intimidación y hostigamiento. La principal líder opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, seguía teniendo prohibido volver a entrar en el país», sentenciaron.
La nueva presidenta de la Misión, Sofía Macher, destacó que “la reducción de algunas de las formas más severas de represión es significativa, pero de ninguna manera constituye una transformación del sistema que las hizo posibles".
Añadió que “mientras no se desmantelen las estructuras represivas, se garantice la independencia judicial y se investigue y sancione debidamente a los responsables de violaciones de derechos humanos, cualquier apertura seguirá siendo frágil y reversible. Los venezolanos merecen cambios reales y significativos en materia de derechos humanos, no avances tentativos e incompletos."
ONU teme que DD.HH. en Venezuela empeoren tras la intervención de EE. UU.
Siguen las torturas contra los presos políticos
Mencionaron que siguen documentado casos de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes contra prisioneros políticos. «En el centro penitenciario de máxima seguridad El Rodeo I, documentó prácticas que incluyen la intubación forzada y el confinamiento prolongado en una cisterna subterránea sellada conocida como la “’máquina del tiempo’."
Algo similar ocurre en el centro Guaicaipuro, donde comprobaron la existencia de celdas que funcionan en fosas excavadas en el suelo para confinar a presos políticos. «La Misión investigó 64 nuevos casos de tortura solo después del 3 de enero, lo que indica que estas prácticas siguen siendo generalizadas».
Destacaron las condiciones precarias de prisión como el hacinamiento, la falta al acceso de agua potable, alimentación y atención médica adecuada contra las personas arrestadas por motivaciones políticas.
«Entre el 1 de septiembre de 2025 y el 29 de julio de 2026, organizaciones de la sociedad civil registraron al menos 214 detenciones arbitrarias por motivos políticos, el 94 % de las cuales ocurrieron antes de finales de 2025. Después del 3 de enero, la Misión identificó un patrón recurrente de arrestos arbitrarios de corta duración destinados a intimidar a activistas de la oposición, periodistas y otros actores de la sociedad civil», advirtieron.
Otros miembros de la Misión como María Eloisa Quintero llamó a la liberación del resto de personas presas políticas, que varía según las ONG (de 300 a 500 personas), así como a que se revierta la decisión de Venezuela de salirse de la Corte Penal Internacional, donde se juzga al chavismo por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad.
Estados Unidos y otros actores influyentes deben intensificar sus esfuerzos para promover cambios reales en materia de derechos humanos en Venezuela, asegurándose al mismo tiempo de que sus políticas y acciones no contribuyan a violaciones de derechos humanos ni faciliten la comisión de crímenes internacionales," añadió Alex Neve, otro de los expertos de la Misión.