El equipo de representantes del Caso Pdvsa Obrero sostuvo un encuentro formal con la Comisión de Paz y Reconciliación Nacional de la Asamblea Nacional. La delegación fue recibida en la sede parlamentaria por la secretaria ejecutiva de dicha comisión, Ana María San Juan, y otros integrantes, ante quien expusieron en detalle el estatus actual de la causa y solicitaron atención inmediata para los 77 detenidos.
Zimaru Fuentes, vocera del equipo representante, explicó que el Caso Pdvsa Obrero agrupa cinco causas a nivel nacional distribuidas en Anzoátegui, la Refinería El Palito (Carabobo), La Guaira, Distrito Capital y el Complejo Refinador de Paraguaná (Cardón y Amuay en el estado Falcón).
Los procesados por este caso son 62 trabajadores pertenecientes a Pdvsa, al Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA), la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Cicpc y el Ministerio de Petróleo, así como 15 efectivos militares. A todos ellos se les acusa de presunto contrabando de combustible, sabotaje, asociación para delinquir, daños a la infraestructura y corrupción.
Durante el encuentro, la delegación presentó una cronología detallada de los hechos, denunciando que los arrestos se ejecutaron bajo un patrón repetitivo de irregularidades.
Violaciones al debido proceso
Fuentes enfatizó que desde la fase preparatoria se violentó el derecho al debido proceso, ya que no existió flagrancia en las detenciones.
«El fiscal de la causa estaba en la obligación constitucional de citar e informar a los señalados que se les estaba investigando, en lugar de actuar a sus espaldas para luego proceder con arrestos masivos cuatro meses después, a partir de octubre de 2024», denunció la vocera.
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Asimismo, los representantes informaron a la comisión que el fiscal que inició esta investigación fue destituido y señalado tres meses más tarde por presuntos actos de corrupción y extorsión en el marco del caso «Pdvsa Cripto».
Aseguraron que, bajo la gestión de ese funcionario, se cometieron graves irregularidades y atropellos contra los derechos humanos de los trabajadores implicados.
Crisis de salud y afectación familiar
La representación del Caso Pdvsa Obrero consignó ante la Comisión de Paz y Reconciliación Nacional los expedientes médicos de 10 trabajadores que presentan riesgos vitales de salud y patologías graves. Entre los casos de vulnerabilidad médica se mencionaron de forma prioritaria los de Larry Moya, María Alejandra Romero, Renier Masetti y Lennys Cruz.
De igual forma, se expuso el impacto social y humano de la causa mediante una representación gráfica de la separación familiar. Al menos 140 niños, adolescentes y jóvenes de entre 19 y 21 años a nivel nacional dependen económicamente de los detenidos y sufren actualmente las consecuencias de la ausencia de sus padres.
Los familiares también denunciaron el presunto hurto de bienes particulares por parte de funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
Señalaron que estos objetos y vehículos, pertenecientes a trabajadores de bajos recursos y obtenidos mediante años de esfuerzo, no aparecen reflejados en las actas de las fiscalías correspondientes.
Compromiso institucional
Los integrantes de la Comisión de Paz y Reconciliación Nacional escucharon los planteamientos y recibieron formalmente las solicitudes de los familiares.
«Las autoridades se mostraron empáticas ante la situación y ofrecieron su mediación institucional, comprometiéndose a dar prioridad a los casos de los trabajadores con patologías de salud delicadas, así como a evaluar de manera general el estatus de las causas penales», destacó Fuentes.