Larry José Moya Alfaro continúa privado de libertad en el Complejo Penitenciario de Yare II, en el estado Miranda, 683 días después de su detención. El militar retirado, amputado de la pierna derecha, permanece detenido en condiciones que comprometen tanto su salud como el ejercicio de sus derechos fundamentales, según denuncia su familia.
El caso de Moya Alfaro forma parte del denominado expediente Pdvsa-Obrero, por el que decenas de personas permanecen privadas de libertad acusadas de corrupción, contrabando y sabotaje dentro de la estatal petrolera venezolana. Sus parientes sostienen que el proceso ha estado marcado por retrasos, falta de transparencia y obstáculos para ejercer una defensa efectiva. Además, aseguran que no hay pruebas que demuestren esos delitos.
Moya fue detenido el 10 octubre de 2024. Su familia afirma que durante los primeros días desconocieron su paradero. También denuncian que las autoridades lo torturaron. Posteriormente lo presentaron de manera clandestina en una audiencia telemática, sin las garantías necesarias para una defensa adecuada.
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Desde entonces, aseguran, no se han incorporado elementos suficientes que permitan sustentar las acusaciones que pesan sobre él. Pero para sus allegados existe una preocupación adicional: su condición de discapacidad y el deterioro de su estado de salud durante el encarcelamiento.
Moya Alfaro requiere atención médica especializada para el cuidado de su muñón, además de seguimiento por problemas cardiovasculares. Las condiciones de reclusión y la falta de atención adecuada han agravado su situación, sin que hasta ahora hayan recibido una respuesta efectiva de las instituciones responsables.
¿Dónde están los derechos de las personas con discapacidad?
La familia cuestiona que una persona con discapacidad permanezca privada de libertad sin que se hayan garantizado las condiciones necesarias para proteger su integridad física, su salud y su derecho a una tutela judicial efectiva.
“¿Dónde están los derechos de las personas con discapacidad en Venezuela cuando la realidad los borra del mapa?", se preguntan sus parientes. Ellos consideran que el caso de Moya Alfaro evidencia la necesidad de una protección reforzada para las personas con discapacidad bajo custodia del Estado.
Para la familia, garantizar atención médica, integridad física y acceso efectivo a la defensa no puede quedar sujeto a decisiones discrecionales. Sostienen que se trata de obligaciones que las autoridades deben cumplir.
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Reclamos ante instituciones venezolanas
Desde febrero de 2026, el caso de Moya es del conocimiento de distintas instituciones y funcionarios venezolanos, entre ellos representantes de la Asamblea Nacional (AN), organismos vinculados al sistema de justicia y otras autoridades públicas.
En mayo de 2026, sus familiares también hicieron llegar sus reclamos a la Defensoría del Pueblo y a representantes de la sociedad civil vinculados con la defensa de los derechos humanos.
La familia sostiene que ha agotado las vías que tenía a su alcance dentro del país y que, pese a las gestiones realizadas, Moya Alfaro continúa detenido y sin una solución a su situación.
Ante ese escenario, el llamado se dirige ahora hacia organismos internacionales de derechos humanos y mecanismos de protección de personas privadas de libertad.
También solicitan que el caso sea revisado por actores políticos y organizaciones con capacidad de promover mecanismos de protección y asistencia internacional. Su condición de salud y discapacidad, sostienen, deben ser consideradas al evaluar la posibilidad de medidas humanitarias o alternativas a la privación de libertad. Aseguran que la vida del militar está en peligro.