Los familiares de los 77 trabajadores detenidos bajo la investigación denominada Pdvsa Obrero exigieron la aplicación de medidas cautelares sustitutivas para que los procesados vayan a juicio en libertad. El reclamo se sustenta en las denuncias de irregularidades en el debido proceso y en la precaria situación de salud que registran los internos dentro de los centros de reclusión.
Esta causa agrupa a 62 civiles de Pdvsa, el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA), la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Cicpc y el Ministerio de Petróleo, además de 15 efectivos militares. A todos se les acusa por presunto contrabando de combustible, sabotaje, asociación para delinquir, daños a la infraestructura y corrupción.
La abogada Zimaru Fuentes, hermana de uno de los privados de libertad, denunció que las garantías procesales han sido vulneradas desde el inicio de las investigaciones. Fuentes manifestó que sí quieren ir a juicio para demostrar la inocencia de los trabajadores petroleros.
«Han sido sometidos a un doble señalamiento público, tanto por las acusaciones del Estado como por la sociedad ante denuncias falsas», señaló.
La petición de excarcelación coincide con una grave crisis de salud reportada por los voceros de las familias, quienes señalaron que al menos 10 de los procesados padecen patologías crónicas de extrema urgencia médica, incluyendo casos de reclusos con antecedentes de infartos y personas con amputaciones de extremidades que no reciben la atención adecuada bajo el actual régimen de reclusión.
En proceso de jubilación
En el encuentro, la activista de derechos humanos Luztay Franco calificó los arrestos y el desarrollo del proceso como un precedente desmedido en contra de la clase trabajadora de la principal industria del país.
Franco detalló que un promedio del 75% de los empleados de Pdvsa arrestados bajo esta causa se encontraban en proceso de jubilación y acumulaban entre 20 y 25 años de servicio ininterrumpido en la corporación estatal.
Asimismo, denunció que los afectados siguen figurando con solicitudes activas en el Sistema de Información Policial (Siipol) y aún no tienen una sentencia firme, quedando en un limbo legal y económico donde incluso aquellos que han sido liberados posteriormente no son reincorporados a sus puestos de trabajo.
¿Cuándo les va a tocar a ellos?
La actividad también contó con el acompañamiento de Tomás Guanipa, diputado a la Asamblea Nacional, quien instó a emitir las boletas de excarcelación de forma definitiva y criticó el uso de los prisioneros como elementos de negociación política en las mesas de diálogo.
«Den muestras claras de que esto cambió para siempre y liberen de una vez por todas a todos los presos políticos. Es perverso que usen a los presos como barajita de canje. Cada vez que se reúnen, sueltan a 10 o a 15 pero dejan a 300. ¿Cuándo les va a tocar a ellos?», se preguntó.
El parlamentario presentó una lámina con lo que denominó como un «hampograma». Al respecto señaló que es un «organigrama de hampones», en los que mencionó al exfiscal Tarek William Saab, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Caryslia Rodríguez y el defensor Público General de Venezuela, Daniel Ramírez. «Deberían estar hoy en las cárceles presos por el daño que han ocasionado a este país», aseveró.
Finalmente, el comité de familiares hizo un llamado directo a la delegación de la Asamblea Nacional de 2015 para que mantenga la libertad de todos los presos políticos como un punto prioritario e inamovible en las agendas de negociación con el chavismo.
Gestiones ante la AN
Esta movilización forma parte de las acciones que adelantan los familiares por lograr la libertad de los detenidos. El pasado miércoles 30 de septiembre sostuvieron un encuentro formal con la Comisión de Paz y Reconciliación Nacional de la Asamblea Nacional.
En dicha sede parlamentaria fueron recibidos por la secretaria ejecutiva, Ana María San Juan, ante quien expusieron el estatus del expediente. Además, consignaron los informes médicos de Larry Moya, María Alejandra Romero, Renier Masetti y Lennys Cruz, pilares de un grupo de 10 internos con riesgos vitales de salud.
En esa oportunidad, la delegación también entregó una representación gráfica para alertar sobre el impacto social del caso. En el informe detallaron que al menos 140 niños y jóvenes de hasta 21 años a nivel nacional dependen económicamente de los 77 detenidos y sufren actualmente las consecuencias de la ausencia de sus padres.