La esposa del capitán Juan Carlos Caguaripano, Irene Olazo, alertó que el expediente de la Operación David fue sacado de la Sala 1 de la Corte de Apelaciones de Carabobo presuntamente para impedir la publicación de un fallo a favor de los procesados.
Este caso se remonta a agosto de 2017, cuando un grupo de militares y civiles, liderados por el capitán Juan Carlos Caguaripano Scott, tomó la 41° Brigada Blindada del Fuerte Paramacay en Valencia, estado Carabobo, en una acción denominada «Operación David».
23 personas fueron procesadas por tribunales militares y civiles, recibiendo condenas máximas de 30 años de prisión. Los familiares han denunciado durante más de ocho años la violación de los derechos humanos, torturas, persecución y un severo retraso procesal tanto en la fase condenatoria como en la apelación.
Retraso y desvío del expediente
La audiencia de apelación del caso se llevó a cabo el pasado 26 de agosto. Legalmente, la Sala 1 de la Corte de Apelaciones de Carabobo contaba con un lapso de 10 días de despacho para emitir su pronunciamiento, el cual venció el 6 de septiembre sin que se publicara decisión alguna.
La situación escaló en gravedad este primero de octubre, cuando el abogado Luis Armando Betancourt, coordinador de Foro Penal en Carabobo y defensor de los procesados, constató en la sede judicial que el expediente del caso Paramacay fue retirado de la Sala 1 y enviado directamente a la presidencia del Circuito Judicial Penal de la entidad, a cargo del juez Carlos Bonilla.
Esta medida administrativa ha sido calificada por la defensa como una vulneración flagrante a la autonomía judicial, al derecho a la defensa y al debido proceso.
Presiones y amenazas a los jueces
Irene Olazo reveló a El Pitazo este 2 de octubre haber recibido información de diversas fuentes del ámbito jurídico vinculadas directamente al caso.
Según estas denuncias, los integrantes de la Sala 1 estarían bajo presiones institucionales para evitar que firmen y publiquen una decisión que ya se encuentra redactada. Olazo afirmó que se habría advertido a los magistrados sobre la posible pérdida de sus cargos si procedían a suscribir dicho fallo.
De acuerdo con los datos recabados por los familiares, la decisión que la Sala 1 preparó y que presuntamente se intenta frenar, declara la nulidad absoluta de las actuaciones del caso debido a los vicios procesales, lo que dictaminaría de forma inmediata la libertad plena para los 23 procesados condenados a la pena máxima.
Olazo, actualmente exiliada junto con su hija en Costa Rica, alertó que el traslado físico del expediente hacia una instancia administrativa como la presidencia del circuito abre la posibilidad de que el caso sea asignado de forma irregular a otro tribunal o instancia judicial para revertir los efectos del fallo original. Señaló que no se trata de una simple demora burocrática, sino de una grave intromisión política en el sistema de justicia.
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Exigencia de justicia y legalidad
La declarante enfatizó que ni ella ni el resto de los familiares están solicitando favores políticos ni privilegios procesales, sino el estricto cumplimiento de la Constitución de la República y las leyes venezolanas. Exigió que se permita a los jueces decidir de manera independiente, libre de amenazas e interferencias que los pongan entre la espada y la pared en contra de sus principios.
Olazo responsabilizó a las autoridades por la zozobra constante en la que viven madres, padres, esposas e hijos de los detenidos tras ocho años de hostigamiento. Advirtió que no aceptarán el silencio administrativo como respuesta y exigió una investigación inmediata para identificar a los funcionarios que intentan impedir la publicación de la sentencia conforme a derecho, recordando que el rescate de la independencia judicial es un requisito indispensable para cualquier cambio político en Venezuela.
Olazo pidió mirar hacia el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, y poner atención sobre las actuaciones del Ejecutivo Nacional dentro del sistema judicial y el sistema penitenciario venezolano.
Recordó que la propia Constitución establece responsabilidades claras al Ejecutivo Nacional en materia de seguridad ciudadana y garantías de derechos humanos y reconoce la autonomía del Poder Judicial, la cual no debe subordinarse a decisiones administrativas o políticas.
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Ante esta situación, la esposa del capitán Caguaripano planteó una pregunta crucial sobre el manejo actual del caso Paramacay. ¿Existe alguna presión o instrucción del Ejecutivo sobre la decisión que corresponde adoptar a los órganos judiciales?
En este sentido advirtió que, si no fue así, corresponde que las autoridades explicar formalmente por qué el expediente terminó trasladado a otra instancia.