San Bernardino | Acusan por narcotráfico a fiscal y mandos de la PNB luego de intervención a su sede

César Batiz, director de El Pitazo, aborda en una nueva entrega de Los Pitazos del Director una investigación que comenzó con una tonelada de presunta marihuana incautada en una sede policial y que ahora alcanza a funcionarios del Ministerio Público y de la Policía Nacional Bolivariana (PNB)

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Caracas.- Una investigación por el presunto manejo irregular de una tonelada de droga en la sede de la Dirección Nacional Antidrogas de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), en San Bernardino, ahora alcanza a funcionarios del Ministerio Público y de la estructura antidrogas de ese cuerpo policial, según expone César Batiz en una nueva entrega de Los Pitazos del Director.

Fuentes del área judicial consultadas por El Pitazo aseguran que el fiscal antidrogas del Ministerio Público Ronald Alexander Ratti Aponte y funcionarios de la Dirección Nacional Antidrogas de la PNB recibieron imputaciones.

«Habrían sido imputados por delitos tan graves como traición a la patria y dirección de organización para el tráfico de drogas», especificó Batiz.

Entre los detenidos e investigados — según las fuentes — también figuran Marlín García, Hugo Rico y el teniente coronel Juan Carlos Romero Herrera, quien dirigía la Dirección Nacional Antidrogas cuando las autoridades intervinieron la sede de San Bernardino.

Batiz recuerda que Romero Herrera es hijo del mayor general retirado Juan Francisco Romero Figueroa, excomandante general de la Guardia Nacional, exdirector de la PNB y exviceministro de Seguridad Ciudadana. El general de División Rubén Darío Santiago Servigna, actual director de la PNB, colocó a Romero Herrera al frente de Antidrogas. Santiago Servigna había colaborado con Romero Figueroa cuando este dirigió la PNB.

La investigación comenzó después de que las autoridades incautaran una tonelada de presunta marihuana conocida como cripy en la sede de San Bernardino. De acuerdo con las pesquisas que El Pitazo ha documentado, los detenidos y las autoridades no habrían cumplido todo el procedimiento legal correspondiente con el cargamento.

«La investigación también apunta a que otra parte habría sido utilizada para fabricar procedimientos y extorsionar a ciudadanos. Pero ahora aparece otro elemento. Desde comienzos de esta semana conocíamos de la existencia de unas imágenes relacionadas con la investigación, aunque El Pitazo no ha tenido acceso a ellas», explica Batiz.

Cicpc y Conas intervienen PNB de San Bernardino por la presunta comercialización de droga incautada

Un video mencionado por Simonovis

El excomisario Iván Simonovis mencionó públicamente un video en el que, según su versión, aparece el fiscal Ronald Ratti trasladando en su propio vehículo parte de la droga incautada.

«Nosotros no hemos visto ese video y por eso atribuimos esa descripción a Simonovis.
Y hay algo más. Fuentes judiciales aseguran a El Pitazo que esta investigación ya no está en manos del Cicpc», dice César Batiz.

Según las mismas fuentes, la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) asumió ahora la investigación.

Las fuentes también aseguran que Larry Devoe pretendía hacer pública información relacionada con estas actuaciones, pero una orden proveniente de Miraflores habría detenido el anuncio.

Hasta el momento de la grabación de esta entrega, Douglas Rico, director del Cicpc, y Diosdado Cabello, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, no habían ofrecido declaraciones públicas sobre las nuevas imputaciones ni sobre el cambio de manos de la investigación.

Batiz señala que el caso ya no involucra únicamente a funcionarios policiales por el manejo irregular de un cargamento de droga. Según las fuentes consultadas por El Pitazo, la investigación también alcanza a un fiscal antidrogas y al funcionario que dirigía la Dirección Nacional Antidrogas de la PNB.

«Y hay dos asuntos que las autoridades tienen que explicar: ¿Hasta dónde llega esta estructura?
Y, sobre todo: ¿por qué los funcionarios que comenzaron a investigarla fueron sacados de Caracas y el caso terminó en manos de la Dgcim?», dice BAtiz.

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