El Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Juicio con competencia en materia de terrorismo del Área Metropolitana de Caracas absolvió de todos los cargos a la abogada y activista de derechos humanos Rocío San Miguel, a quien el chavismo mantuvo detenida desde el 9 de febrero de 2024 hasta su excarcelación a inicios de este año.
San Miguel, directora de la ONG Control Ciudadano, planeaba un viaje junto a su hija cuando ambas fueron detenidas en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. Tras múltiples denuncias de organizaciones no gubernamentales sobre su desaparición forzada, la presentaron ante un tribunal el 12 de febrero de ese año.
Las autoridades, en específico el entonces fiscal general Tarek William Saab, la acusó de los supuestos delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación para delinquir, al implicarle en la operación llamada «Brazalete blanco».
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Un largo encarcelamiento para la activista
Durante su permanencia en prisión sufrió una caída que le provocó una fractura en uno de sus hombros, pero no recibió atención médica oportuna ni especializada como denunciaron sus defensores y ONG.
Pese a tener la nacionalidad española y gestiones del consulado de ese país en Caracas, el chavismo se negó a que le prestaran asistencia consular ni permitió que tuviera un defensor privado.
Después de la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores el pasado 3 de enero por fuerzas militares estadounidenses, San Miguel fue una de las primeras presas políticas en salir de la cárcel. Viajó a España, pero no había emitido declaración alguna sino a través de comunicados por parte de un hermano.
Sin embargo, este 1 de octubre en su cuenta de la red social X, ella misma publicó la sentencia absolutoria de su caso.
«El Tribunal 3.º de Primera Instancia en Funciones de Juicio con competencia en materia de terrorismo hace unos minutos ha dictado sentencia absolutoria, declarándome libre de responsabilidad penal respecto de los cargos formulados en mi contra. Esta decisión ratifica lo que sostuve desde el primer día de mi detención, el 9 de febrero de 2024: soy inocente», señaló.
Su caso tuvo resonancia nacional e internacional. Junto a su detención y la de su hija, las autoridades también apresaron a su entorno familiar; su expareja, su exposo y dos hermanos: Miranda Díaz San Miguel, Miguel Ángel San Miguel Sosa, Alberto San Miguel (hermano), Victor Díaz Paruta (el padre de su hija) y Alejandro González (ex esposo de la activista) respectivamente.
Aunque a ellos los dejaron en libertad les impusieron medidas cautelares como la prohibición de salida del país y declarar a los medios de comunicación sobre el proceso judicial en su contra.
Saab, el carcelero de Rocío San Miguel
La petición de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los DDHH de que se informara sobre el paradero de San Miguel y su denuncia sobre la desaparición forzada de la que fue objeto enfureció al chavismo que expulsó a los miembros de esa delegación de Naciones Unidas de Venezuela.
Saab amenazó a quienes denunciaron su caso: «Es imposible, señores mitómanos, que exista la cualidad que determina una desaparición forzada», expresó el 14 de febrero al exponer el proceso y las presuntas pruebas en contra de la activista. «Mienten y se creen la mentira, pero al mismo tiempo delinquen al decir esas mentiras. Explíquenme una desaparición forzada cuando alguien es presentada ante el Tribunal 2° Contra Terrorismo, que ya fue comunicado por mi persona».
Mientras que ella recobró su libertad parcialmente en enero, Saab fue forzado a renunciar como titular del Ministerio Público en febrero y aunque estuvo como encargado de la Defensoría del Pueblo unas semanas, su premio de consuelo fue recibir un cargo por Miraflores como coordinador de la Gran Misión Viva Venezuela, Mi Patria Querida, un cargo menor pero que lo mantiene dentro de la esfera del poder.
Qué dijo San Miguel tras la sentencia a su favor
San Miguel agradeció a quienes la respaldaron en este proceso, pero también cómo enfrentó una larga batalla judicial en la que estuvo presa de forma arbitraria por casi dos años.
«Durante este tiempo fueron puestos a prueba mi capacidad de resistencia y el verdadero peso de mis principios. Agradezco profundamente a mi familia, especialmente a mi hija, por su amor y fortaleza, a la sociedad civil venezolana, a los organismos internacionales, misiones diplomáticas y organizaciones de derechos humanos que acompañaron mi situación», escribió en su primer pronunciamiento público.
Se dirigió con especial deferencia A Amnistía Internacional, FLD Américas, Human Rights Foundation, así como a sus abogados Theresly Malavé, Juan Luis González Taguaruco, Juan Carlos Gutiérrez y Hector Faúndez; así como al expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero.
«Mi solidaridad está con todos los ciudadanos, activistas y presos políticos que continúan enfrentando procesos penales y situaciones de vulnerabilidad. La justicia solo será plena cuando el debido proceso, la dignidad humana y los derechos fundamentales sean una garantía para todos los venezolanos», agregó.
También manifestó que esperaba la plena absolución de todas las personas señaladas en la misma causa judicial.
«Continuaré trabajando con la misma transparencia y convicción por el respeto a los derechos humanos, el fortalecimiento del Estado de Derecho y por una Venezuela democrática», remarcó. Además sostuvo que «la justicia solo será plena cuando el debido proceso, la dignidad humana y los derechos fundamentales sean una garantía para todos los venezolanos».