Irene Olazo, esposa del capitán Juan Carlos Caguaripano, exhortó a la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo a no agotar el lapso legal de diez días para emitir su pronunciamiento sobre la condena de 30 años impuesta a 24 militares vinculados a la toma del Fuerte Paramacay.
La solicitud de las familias se produce tras la audiencia de apelación celebrada el pasado 26 de agosto. En dicha sesión, el tribunal resolvió acogerse al lapso reglamentario que establece la legislación venezolana para publicar su resolución, un período cronológico que está a punto de expirar. La Corte puede ratificar la condena, modificarla o anularla.
Ante este escenario, Olazo advirtió que la mirada de la opinión pública nacional e internacional sigue puesta sobre el caso.
El peso humano detrás de la condena
Para Olazo, agotar los lapsos de forma innecesaria constituye una extensión del sufrimiento de los involucrados. “No prolonguen la tortura de estas familias y de estos injustamente condenados", reclamó a través de un mensaje audiovisual, recordando el impacto de la sentencia de pena máxima dictada a finales de 2025.
“Detrás de esos 24 condenados injustamente hay padres, madres, hijos, esposas, familias esperando esta respuesta", enfatizó. Asimismo, hizo un llamado directo a la autonomía de los operadores de justicia frente a las presiones externas: “No esperen órdenes, no tienen por qué esperar hasta el último momento".
La toma del Fuerte Paramacay
La denominada «Operación David» tuvo lugar el 6 de agosto de 2017, cuando un grupo de militares y civiles, liderados por el capitán de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) Juan Carlos Caguaripano Scott, tomó la sede de la 41° Brigada Blindada del Ejército en Valencia, estado Carabobo.
Pocos días después, el 11 de agosto de 2017, Caguaripano Scott y el teniente Yeferson García Dos Ramos fueron detenidos por funcionarios de PoliSucre, en Caracas, y posteriormente trasladados a la sede de la DGCIM en Boleíta.
Tras años de un proceso judicial signado por denuncias constantes de aislamiento prolongado y violaciones al debido proceso, el tribunal de primera instancia aplicó la pena máxima de 30 años a los 24 procesados el 19 de diciembre de 2025.
Un historial de torturas sin investigar
De acuerdo con una reciente actualización publicada por la ONG Foro Penal el 6 de septiembre, Caguaripano —quien es esposo y padre de una niña— sufrió graves torturas físicas y psicológicas tras su captura.
Las denuncias recabadas por la organización detallan golpizas, descargas eléctricas, asfixia con gas pimienta y agresiones directas en los genitales que le provocaron una hemorragia severa, requiriendo una intervención quirúrgica de emergencia.
El Foro Penal recordó que el capitán también pasó 45 días bajo aislamiento extremo en «La Tumba», la instalación subterránea del SEBIN en Plaza Venezuela.
Pese a la gravedad de los relatos y a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas cautelares de protección en 2018, el Estado venezolano nunca inició una investigación efectiva sobre estos abusos. Las denuncias de tortura no dieron lugar a ninguna acción judicial, destacó la ONG.
Una prueba para el sistema judicial
El desenlace del recurso legal es percibido por el entorno de las víctimas como una medición real de la institucionalidad en el país. Irene Olazo considera que este fallo judicial marcará un precedente sobre el rumbo de la transición institucional.
“No solamente hay 24 imputados esperando, hay 24 familias (…) pero también hay un país entero. Venezuela y los venezolanos regados por el mundo están esperando esta decisión para ver si realmente estamos en un periodo de transición y la justicia va a llegar a Venezuela", concluyó.