La propuesta del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, de repatriar a 252 venezolanos deportados desde Estados Unidos a cambio de la liberación de igual número de presos políticos en Venezuela, genera opiniones encontradas entre defensores de derechos humanos.
Este planteamiento de Bukele fue anunciado el domingo 20 de abril y surge en medio de tensiones diplomáticas entre ambos países.
Mientras Maduro ha calificado la detención de los migrantes como un “secuestro", Bukele defiende la legalidad de las deportaciones.
Para el abogado Marino Alvarado, la propuesta del presidente de El Salvador es condenable y cuestionó que se utilicen los presos como ficha de canje.
“Lo mismo hace el gobierno venezolano con los presos políticos", expresó Alvarado a través de su cuenta en X, la noche del 20 de abril.
Bukele le propone a Maduro canjear a los migrantes detenidos en El Salvador por los presos políticos
A juicio de Alvarado la mayoría de los que se encuentran encarcelados en El Salvador no han delinquido y, por ello, deben ser liberados y enviados a Venezuela.
El defensor de los derechos humanos considera que el gobierno de Venezuela debe coordinar con el de Estados Unidos “para que aquellos pocos que puedan haber cometido delito" sean procesados en el lugar donde delinquieron.
“No busque dividendos políticos a partir del sufrimiento de muchas familias", acotó al referirse al presidente Bukele.
Apegados a derecho
En esa misma línea, el codirector de la organización Laboratorio de Paz, Rafael Uzcátegui, opina que la propuesta del presidente Bukele es inmoral “y ratifica que la situación de los venezolanos privados de libertad está siendo usada para razones políticas por parte de gobiernos autoritarios".
“Los venezolanos presos por razones políticas han sido privados de libertad de manera arbitraria, y ya el Departamento de Estado de EE. UU. reconoció que la gran mayoría de los que están en El Salvador no tienen antecedentes penales. Entonces, muchos de ellos están detenidos de manera injusta. En ambos casos lo que debería ocurrir es que sean liberados por decisiones del sistema de justicia, apegados a derecho", indicó a El Pitazo.
Sin embargo, Uzcátegui piensa que la primera y última palabra la tienen los familiares de los presos políticos “que son los afectados directos con esa situación".
Uzcátegui agregó que la discusión sobre mecanismos posibles de liberación de presos políticos cambió luego del 10 de enero, “ante la falta de independencia del poder judicial, el cierre del espacio cívico y la instalación de un gobierno sin legitimidad de origen".
Al respecto argumentó que “Maduro está negociando su estabilidad y no su salida del poder, así que cualquier acuerdo que beneficie a presos políticos tendrá elementos de inmoralidad".
Como ejemplo citó que ciertos actores políticos participen en elecciones a cambio de la liberación de algunos de los que están tras las rejas.
Solución humanitaria
El presidente de la Fundación El Amparo, el defensor de derechos humanos Walter Márquez, ofreció una rueda de prensa este 21 de abril para respaldar el planteamiento de un canje humanitario.
Acompañado de familiares de venezolanos enviados desde Estados Unidos a El Salvador y abogados defensores, Márquez destacó que Nicolás Maduro tiene la oportunidad de asumir la defensa y la solución de este problema.
“Este tema pasa de ser una situación de carácter jurídico en los tribunales norteamericanos y salvadoreños, a buscar una solución de carácter humanitario, desde el punto de vista diplomático, que es lo que interesa a los familiares de los detenidos", manifestó.
Márquez rechazó que se vincule a los migrantes con hechos delictivos por tener un tatuaje y afirmó que en el caso de “los nueve tachirenses que fueron enviados arbitrariamente a El Salvador, no existe una sola prueba que los condene".
“Mas que un tema de carácter jurídico estamos planteando una solución humanitaria", acotó.
El director de la Coalición por los Derechos Humanos (DD. HH.) y la Democracia, Alonso Medina, también se pronunció sobre el tema, al ser consultado por El Pitazo.
En opinión del abogado, la propuesta de Bukele, que a su juicio es socio-política, deja ver que hay venezolanos detenidos de forma irregular y que el presidente de El Salvador tiene plena disposición de ellos, a pesar de que no cometieron delito alguno en ese país ni haber sido procesados por un tribunal.
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