Caracas.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, nuevamente criticó la deportación de ciudadanos venezolanos desde Estados Unidos hacia El Salvador. A través de una contundente publicación en la red social X, el mandatario colombiano rechazó el 21 de abril la criminalización generalizada de los migrantes venezolanos por los actos delictivos de la banda conocida como Tren de Aragua.
Petro dirigió palabras al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para expresar que está «muy mal» que reciba en la cárcel de máxima seguridad de su país, el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), a ciudadanos venezolanos enviados por EE. UU.
El presidente colombiano estableció una analogía entre la criminalización y el confinamiento de venezolanos en la cárcel de máxima seguridad de El Salvador con los horrores del fascismo europeo del siglo pasado, recordando el holocausto judío a manos de los nazis y la persecución de ciudadanos en la antigua Unión Soviética.
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«Ninguna persona con mentalidad democrática en Latinoamérica puede aceptar como principio de una república que todo el pueblo venezolano en el exilio sea criminalizado por los crímenes del llamado ‘Tren de Aragua’. Esto equivale a repetir los pasos de los fascistas, contra quienes los soldados estadounidenses lucharon a muerte», sentenció Petro en su cuenta de X.
Va en contra de los principios universales
El presidente colombiano enfatizó la reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia que establece que ningún ciudadano venezolano puede ser deportado sin que se respete el debido proceso legal. En este sentido, dirigió un llamado de atención directo al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, argumentando que aceptar en sus cárceles a ciudadanos extranjeros deportados por Estados Unidos contraviene principios universales de justicia y derechos humanos.
Las declaraciones del presidente Petro se suman a la creciente preocupación de organizaciones de derechos humanos y líderes políticos de la región sobre el trato que están recibiendo los migrantes venezolanos y la legalidad de las deportaciones sin el debido proceso.
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