Caracas.- Un grupo de organizaciones venezolanas de derechos humanos rechazó la política de deportaciones masivas de migrantes del gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y exigió respeto al debido proceso y la integridad de los migrantes, en especial de los venezolanos deportados a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador.
A través de un comunicado publicado por «Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento», los defensores de DD. HH. denunciaron que la administración de Donald Trump está llevando a cabo una «Operación Aurora» que ignora protocolos internos, desobedece órdenes judiciales y estigmatiza a la comunidad venezolana, vinculándola con la banda criminal Tren de Aragua.
Asimismo, estas organizaciones rechazaron de manera contundente la Ley de Enemigos Extranjeros, invocada por Trump, que permite deportaciones aceleradas y sin garantías legales, «poniendo en riesgo a más de 500.000 venezolanos con estatus de protección temporal (TPS)», según el comunicado.
Este comunicado se produce tras la deportación de más de 230 venezolanos a El Salvador que ha generado preocupación por las condiciones de detención y la falta de acceso a recursos legales, así como por la falta de información por parte de las autoridades de Estados Unidos y El Salvador.
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En el texto, las organizaciones exigieron al gobierno del presidente Donald Trump reconsiderar estas medidas, investigar y sancionar delitos individuales respetando el debido proceso, y detener la estigmatización de la comunidad venezolana.
«Rechazamos cualquier proceso de deportación contra personas necesitadas de protección internacional. En el caso de la comunidad venezolana, personas que han huido de la emergencia humanitaria compleja, la persecución política y la violación sistemática de derechos humanos», agregaron.
Asimismo, instaron a la OEA y a la CIDH a tomar medidas urgentes y a los países de la región a respetar los estándares internacionales de protección a migrantes y refugiados.
«Exhortamos a la comunidad de países democráticos de la región a tomar decisiones sobre los flujos migratorios atendiendo a los estándares internacionales de protección a la población migrante y personas necesitadas de protección internacional, incluyendo la Declaración de Cartagena», añadieron.
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