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lunes, 5 mayo, 2025

Día Mundial de la Libertad de Prensa: SNTP recuerda que en Venezuela hay 35 periodistas judicializados

El organismo sindical pide a las instituciones del Estado y al sistema de justicia del país la liberación inmediata y sin condiciones de los 15 periodistas y trabajadores de la prensa detenidos en el país, así como y el cese de todos los procedimientos judiciales infundados contra quienes ejercen la labor informativa

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Caracas.- A propósito de celebrarse este sábado 3 de mayo el Día Mundial de la Libertad de Prensa, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) recuerda que actualmente hay en Venezuela 35 periodistas judicializados, de los cuales 15 están encarcelados, 12 tienen medidas cautelares y otros 8 enfrentan interrogatorios o escapan de órdenes de aprehensión.

«Entonces, ¿cuál libertad?», se cuestiona el SNTP en un comunicado en el que alerta sobre un «deterioro de las condiciones para el ejercicio de la libre prensa en Venezuela». El ente también subraya como «elemento gravísimo» el uso «ilegal y arbitrario de leyes antiterrorismo como herramienta para silenciar voces críticas».

El SNTP califica de devastado el ecosistema de medios en Venezuela, con la desaparición de los medios.

«El acceso a la información pública sigue siendo precario, con funcionarios del Estado que evaden su responsabilidad para rendir cuentas sobre asuntos que están bajo su responsabilidad», agrega.


Espacio Público registró 619 denuncias de violaciones a la libertad de expresión en 2024

Un patrón de persecución focalizada

Destaca que entre enero y abril se 2024 se observó un patrón de persecución focalizada contra periodistas que cubren temas relacionados con la seguridad ciudadana, hechos que evidencian «intolerancia hacia la fiscalización del poder y la transparencia en un área sensible para la sociedad».

En ese sentido, el organismo sindical pide a las instituciones del Estado y al sistema de justicia del país la liberación inmediata y sin condiciones de los 15 periodistas y trabajadores de la prensa detenidos en el país y el cese de todos los procedimientos judiciales infundados contra quienes ejercen la labor informativa.

Asimismo solicitan la revisión y derogación de las leyes que criminalizan la libertad de expresión y se utilizan para perseguir y silenciar personas, incluyendo la ley antiterrorismo.

De igual manera, exigen el cese arbitrario de cierre de estaciones de radio y el bloqueo a medios de comunicación en Internet, así como la promoción de un clima de respeto y colaboración con los medios de comunicación, en el que se facilite el acceso a la información pública y se fomente la rendición de cuentas.

«Implementen política que garanticen la seguridad de los periodistas y trabajadores de la prensa en el ejercicio de sus funciones, especialmente en la cobertura de temas sensibles», finaliza el comunicado.

619 violaciones a la libertad de expresión en 2024

La organización Espacio Público registró en 2024 un total de 619 denuncias de violaciones a la libertad de expresión, un aumento de 61 % con respecto al año anterior, cuando se reportaron 384 casos.

De acuerdo con este reporte, 2024 fue el año con más violaciones a la libertad de expresión en el último lustro. Al igual que en años anteriores, el aumento de las casos coincide con las tensiones políticas y el aumento de la conflictividad social.

Entre las violaciones registradas destaca la intimidación, con más de un tercio de las denuncias recibidas. Incluyen casos de impedimento a coberturas, restricciones de acceso a determinados espacios y detenciones por buscar información o difundir contenido.

Espacio Público también contabilizó el año pasado 99 detenciones por expresiones de opiniones, un aumento de 254 % con respecto al año anterior. De los detenidos, 24 fueron periodistas o trabajadores de la prensa.

«Las detenciones arbitrarias fueron una de las principales herramientas utilizadas por el Estado para silenciar a quienes ejercen la libertad de expresión. Esta escalada de la represión refleja una estrategia gubernamental dirigida a controlar el discurso público y a limitar el espacio cívico, la cual se intensificó a partir del proceso electoral presidencial», dice el reporte.

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