Caracas.– La ONG Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) denunció este 2 de marzo 3 años de «estancamiento del salario mínimo en Venezuela», actualmente en 130 bolívares mensuales, equivalentes hoy a 2 dólares, según el tipo de cambio oficial. Este monto no se ajusta desde 2022, pero se complementa, para el caso de los empleados públicos, con bonos gubernamentales de hasta 130 dólares que no tienen incidencia laboral.
«Luego de tres años de estancamiento deliberado del salario mínimo nacional, el ingreso y el ahorro de las familias han sido demolidos y en su lugar se ha abierto el camino a una agresiva bonificación del ingreso, amparada en la construcción de una narrativa oficial que intenta sustituir conceptos para justificar el despojo de conquistas», manifestó Provea en su cuenta de X.
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Según la ONG, para la administración de Nicolás Maduro, el salario dejó de existir en la práctica y en el discurso y, aseguró, en paralelo el líder chavista «ha desmantelado la institucionalidad de la negociación colectiva, un derecho amparado en el Convenio 154 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), del que Venezuela es parte».
«Maduro impone un modelo económico opaco, divorciado de los intereses de las grandes mayorías y negador de los derechos de los trabajadores, mediante un aparato represivo», indicó la organización no gubernamental.
Salario mínimo
Los 130 bolívares de salario mínimo, referencia para el resto de remuneraciones en el sector público, equivalían a 30 dólares en marzo de 2022.
Según expertos en economía, Venezuela no tiene la capacidad para aumentar el salario mínimo a un monto inicial de 200 dólares mensuales, como exigen los sindicatos, por las limitaciones económicas del país y el gasto público que representaría para el Estado, que tiene una nómina de 2,5 millones de empleados activos, sin contar jubilados, y alrededor de 4 millones de pensionados, según cálculos independientes.
Ante la imposibilidad de asumir estas cargas, la administración de Maduro y el sector privado pagan a sus empleados bonos que no inciden en beneficios laborales: vacaciones, liquidación y utilidades.
Maduro sostiene que los bonos son parte de una fase de resistencia ante la crisis económica que generan las sanciones internacionales; mientras sindicatos y ONG exigen un «aumento digno» del salario mínimo.
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