Las deportaciones de venezolanos hacia El Salvador generan una pregunta principal, ¿con qué argumentos el país centroamericano puede mantener detenidos a migrantes que no han cometido delito en ese lugar? La duda surge debido a que el gobierno de Estados Unidos cruzó un nuevo límite al invocar la ley de enemigos extranjeros de 1798 y, con esta regulación, decidió enviar a cientos de venezolanos a una cárcel de máxima seguridad en el país centroamericano.
Carolina Jiménez Sandoval, presidenta de la Oficina de Washington para América Latina (Wola, en inglés), alertó sobre la situación irregular que representa enviar a migrantes venezolanos a una cárcel en un país donde no han cometido delitos.
“Es muy grave la invocación de una ley que era utilizada en tiempos de guerra y que siempre se ha utilizado en contexto de guerra, para el ejercicio del control migratorio. Eso es algo totalmente inusual, pero además nos da a entender que hay muy poca base jurídica y política detrás de la invocación de una ley de este tipo”, explicó Jimenez Sandoval en una entrevista publicada el lunes 17 de marzo.
Tras cinco días de haberse publicado los videos de migrantes venezolanos llevados a El Salvador, ni ese país, ni Estados Unidos han dado a conocer la lista con los nombres de las personas enviadas al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), prisión que, en teoría, sería únicamente empleada para detener a miembros de pandillas salvadoreñas.
Migrantes venezolanos detenidos en una cárcel de máxima seguridad de El Salvador
Lo primero es preguntarse bajo qué delitos están siendo recluidas las personas que fueron enviadas a El Salvador. La respuesta es que esto se desconoce, pues el gobierno de Donald Trump no ha especificado este ni otros puntos relacionados con este envío de migrantes que se hizo el sábado 15 de marzo.
No obstante, gracias a documentos filtrados a la prensa, se conoció que la cifra de migrantes sacados de Estados Unidos es mayoritariamente de venezolanos. De los 261 personas enviadas a El Salvador, 238 son venezolanos, 21 son salvadoreños y hay otros dos definidos como “casos especiales” que fueron solicitados por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele.
También se conoció que 101 de los migrantes venezolanos fueron deportados por temas de leyes migratorias y no por presunta relación con el Tren de Aragua. Otros 137 connacionales sí habrían sido incluidos en la ley de enemigos extranjeros y, por ende, sí estarían siendo relacionados con la banda criminal venezolana en juicio de las autoridades norteamericanas.
Sin embargo, ninguna de las personas deportadas hacia El Salvador cometió delito en este país. Es decir, una detención en este lugar carece de base legal. “Incluso aquellas personas que tienen paso criminal tienen derecho a un debido proceso y, por lo tanto, poder pelear en una corte una orden de deportación. Son muchas las irregularidades y una peor que otra”, indicó Jiménez Sandoval.
¿Puede un gobierno mantener detenidas a personas que no han cometido delitos en ese país?
La pregunta que se le hace al gobierno de Nayib Bukele es ¿bajo qué delitos van a mantener detenidos a los migrantes venezolanos? “Estamos hablando de privación de la libertad. Este es un derecho básico y fundamental. También estamos hablando de un país donde se han aplicado políticas de seguridad altamente punitivas”, alertó la presidenta de Wola.
“No queda nada claro bajo qué criterios legales el gobierno salvadoreño va a mantener a más de 200 venezolanos privados de libertad en las megacárceles que han sido muy cuestionadas por las violaciones de derechos humanos que ahí ocurren”, sentenció la defensora de derechos humanos.
Hasta ahora, la ley de enemigos extranjeros fue frenada por la orden de un juez federal. La medida fue criticada por el gobierno de Donald Trump, incluso dirigentes políticos explicaron que podrían impulsar un impeachment en contra de los jueces que se opongan a las decisiones tomadas por el presidente de Estados Unidos.