El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se pronunció por la detención del dirigente político opositor Juan Pablo Guanipa, a quien Miraflores señala de estar al frente de una supuesta «red terrorista» que intentaba impedir las elecciones del domingo 25 de mayo.
En un comunicado detalló su «preocupación por el arresto arbitrario e injustificado del líder de la oposición Juan Pablo Guanipa y de más de 70 personas en medio de una nueva ola de represión del régimen de Nicolás Maduro», dice el texto.
También detallan que se reunió con los dirigentes opositores que estuvieron más de un año refugiados en la embajada de Argentina en Caracas, de la que lograron salir a inicios de este mes en una acción que EEUU definió como «un rescate» que la líder opositora María Corina Machado definió como la «Operación Guacamaya».
Sobre el encuentro dice la comunicación oficial que Rubio «elogió a estos líderes por su valentía frente al implacable régimen de Maduro».
Qué pasó con opositores en la embajada argentina
El 20 de marzo a la sede diplomática argentina en Caracas ingresaron Magalli Media, Claudia Macero, Omar González, Pedro Urruchurtu, Humberto Villalobos y Fernando Martínez Motorola, después de que la Fiscalía solicitó su detención al vincularlos con planes de violencia para que no se realizaran las presidenciales del 28 de julio de ese año.
Martínez Mottola abandonó la embajada en diciembre pasado, se presentó ante las autoridades que le dieron arresto domiciliario y falleció en febrero pasado en su residencia de Caracas.
Aunque la oposición habló de una operación de rescate, el titular de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, afirmó que se trató de una negociación con el chavismo. Es hasta la fecha el único dirigente chavista que ha hablado del caso.
Mientras que Maduro en una actividad con seguidores en la sede del Palacio de Gobierno se refirió en tono de burla a la operación, sin entrar en detalles sobre si hubo o no conversaciones con sus adversarios para que salieran de la embajada.
Durante su permanencia en el lugar, por más de 400 días, denunciaron asedio policial, el sufrir cortes de electricidad y agua potable, todo ellos después de que Cabello asumió en agosto pasado el Ministerio de Interiores, Justicia y Paz.