La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, Caryslia Rodríguez, así como otros 14 altos funcionarios venezolanos van a ser incluidos en la lista de sancionados de la Unión Europea (UE) por socavar la democracia y el estado de Derecho en el país latinoamericano, dijeron a EFE fuentes diplomáticas europeas.
La decisión, adoptada la víspera por los embajadores de los 27, tiene que ser formalmente aprobada por el Consejo (los países) por procedimiento escrito y después entrará en vigor tras su publicación en el Diario Oficial de la UE, señalaron las fuentes.
La magistrada Caryslia Rodríguez, presidenta del TSJ que ratificó la reelección de Nicolás Maduro en los comicios presidenciales del pasado 28 de julio, como había señalado previamente el Consejo Nacional Electoral (CNE), sin pruebas, es objeto de sanciones estadounidenses desde septiembre pasado y de canadienses desde este 17 de diciembre.
De esta manera, la UE, que no reconoce los resultados electorales anunciados por el CNE, va a ampliar sus sanciones al régimen de Maduro, quien el próximo 10 de enero tiene previsto jurar el cargo ante la Asamblea Nacional con mayoría del chavismo.
Las sanciones de la UE contra Venezuela, introducidas por el Consejo el 13 de noviembre de 2017 y que incluye un embargo de armas y de equipos destinados a la represión interna, se prorrogaron por última vez hasta el 10 de enero de 2025.
Por tanto, se espera que sean renovadas y se incluyan las nuevas 15 incorporaciones en la lista de sancionados que, hasta la fecha, alcanza el medio centenar, incluidos la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, y el ministro de Interior, Diosdado Cabello, aunque no está Maduro.
¿Qué implican las sanciones?
Estas sanciones selectivas implican la prohibición de viajar a la UE y la inmovilización de activos a personas y entidades responsables de violaciones de los derechos humanos y de socavar la democracia y el estado de Derecho en Venezuela.
También, el 10 de enero, el dirigente opositor Edmundo González Urrutia, a quien la oposición venezolana considera presidente electo del país y vencedor legítimo de las elecciones presidenciales celebradas en julio, tiene previsto estar en Venezuela para reclamar su investidura, según afirmó él mismo reiteradamente, aún a riesgo de ser detenido.
El dirigente opositor venezolano, con estatus de asilado en España desde este 20 de diciembre, vive en Madrid desde septiembre pasado, cuando se exilió, tras competir por la Presidencia de Venezuela y denunciar fraude electoral en los comicios del pasado julio.
Maduro fue proclamado ganador de los comicios del 28 de julio con base en unos resultados que todavía se desconocen de manera desglosada, mientras que la mayor coalición opositora -la Plataforma Unitaria Democrática– reclama el triunfo de González Urrutia, según 83,5% de las actas de escrutinio recabadas por sus testigos en las mesas de votación.
Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea se comprometieron en su cumbre del jueves pasado a «movilizar todas las herramientas a su disposición» para apoyar una transición pacífica en Venezuela, país al que urgieron cumplir con sus compromisos bajo la legislación internacional.