La cofundadora y coordinadora general de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, Martha Tineo, ofreció un diagnóstico de la situación con los derechos humanos en Venezuela y el panorama es desolador, especialmente luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.
Pese al contexto represivo, familiares de presos políticos, abogados defensores y activistas de DDHH continúan denunciando con fuerza las violaciones a los derechos fundamentales en una ruta larga y dolorosa por obtener justicia.
En entrevista reciente con Efecto Cocuyo, la abogada llamó a no seguir criminalizando la participación ciudadana y el activismo en Venezuela.
Después del 28 de julio
La abogada alertó que antes del 28 de julio de 2024 se tenía un registro de alrededor de 300 personas detenidas en Venezuela por razones políticas y a partir de esa fecha la cifra se disparó a más de 2.200 personas. Incluso, puede haber más, puesto que las familias no lo reportan por temor.
Los afectados, indicó, son políticos opositores, pero también aquellos que el gobierno perciba como disidentes, incluidos periodistas y defensores de derechos humanos que ejercen una labor no relacionada con actividades político partidistas.
Desde noviembre se han registrado excarcelaciones, pero también nuevas detenciones.
Persecución con cada elección
Subraya que está documentado que durante periodos electorales en Venezuela se registra un incremento en la persecución por razones políticas. Enfatiza en que constituyen violaciones de derechos humanos porque la participación política, el activismo, el derecho a elegir y a ser elegido están consagrados en la Constitución y, por lo tanto, no son delitos.
Las violaciones de DDHH más denunciadas
Destacó que a diferencia de periodos anteriores en los que hubo violaciones masivas de DDHH, luego del 28 de julio las mismas autoridades resaltaron la cantidad de detenidos por protestar cuando antes omitían la cifra.
Lamentó que tras las presidenciales hubo un repunte de las desapariciones forzadas de corta duración, negación del derecho a un abogado de confianza, incomunicación. Asimismo, reportaron audiencias masivas de forma telemática con la imposición de defensores públicos.
Lo más grave, a partir de denuncias de familiares y abogados, ha sido la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluida la violencia sexual. No son situaciones nuevas, aclaró, pero insiste en que luego del 28 de julio “hubo un incremento exacerbado”.
Adolescentes tras las rejas
Resaltó con pesar que nunca se había visto en el país la detención más de 200 adolescentes por razones políticas como ocurrió luego del 28 de julio.
También apuntó como “novedad” la detención de un número significativo (150) de personas extranjeras o con doble nacionalidad que también sufrieron incomunicación y la falta de acceso a abogados de confianza.
El calvario más allá de la cárcel
Denunció que el calvario de las personas detenidas por motivos políticos no acaba al abrirse la reja, puesto que la libertad no es plena y quedan sujetos a medidas cautelares como régimen de presentación, durante un tiempo indefinido, que les acarrea gastos importantes de traslado.
Más allá están las consecuencias sobre la salud física en el caso de quienes ya presentaban una enfermedad y resultó agravada por falta de atención médica oportuna y condiciones de reclusión. Recientemente se reportaron los fallecimientos de Ariadna Pinto, quien padecía de diabetes mellitus tipo I, y Wilmer Garcia, paciente renal. Ni hablar de las secuelas en la salud mental por el trauma de los malos tratos recibidos durante el periodo de detención.
La ONG maneja un registro de más de 60 personas que se encuentran detenidas por razones políticas y que sufren enfermedades crónicas, patologías muy graves, las cuales, según el Código Orgánico Procesal Penal, deberían recibir medidas cautelares por razones humanitarias para poder recibir la atención médica que requieren.
Criminalización
Expresa que los casos de detenciones de defensores de DDHH, entre ellos el del abogado de presos políticos, Eduardo Torres, como el más reciente, evidencian la criminalización del activismo en Venezuela, sea político, sindical o por los derechos fundamentales.
Alertó que en el caso del abogado de presos políticos constituye una “revictimización” de personas que han sufrido violaciones de derechos fundamentales, porque dejan de recibir acompañamiento y asistencia legal en sus casos.
La lucha por la justicia
Más allá del panorama desolador en materia de DDHH, Tineo destaca la lucha incansable por parte de los familiares de las víctimas de violaciones de derechos fundamentales, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, para obtener justicia.
El voto
Insistió en la defensa del voto como derecho humano, consagrado en la legislación nacional y en todos los tratados internacionales suscritos por Venezuela. También en la exigencia de que la participación ciudadana, el activismo político y la defensa de los derechos humanos dejen de ser criminalizados.
Sanar heridas
Cree que en Venezuela son posibles la justicia, el encuentro y el perdón a partir de la reinstitucionalización del país, la reconstrucción del tejido social, retomar valores como la tolerancia y el reconocimiento al otro aunque piense distinto, sin venganza y, sobre todo, sin renunciar a la justicia para que una vez obtenida se puedan sanar heridas y no se vuelvan a repetir ciclos de violencia.
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