Solo cerca del 20 % de las ONG humanitarias lograron registrarse bajo la Ley Antisociedad, según Acceso a la Justicia

La exigencia de requisitos no contemplados en la normativa impidió que las organizaciones de derechos humanos o no gubernamentales pudieran inscribirse en el registro bajo la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG y Organizaciones Sociales, mientras que apenas una de cada cinco ONG de carácter humanitario o mixto consiguió completar el registro.

Así lo revela el informe anual 2025 de Acceso a la Justicia, titulado “Justicia aplazada en Venezuela”, que documenta cómo la aplicación de la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales sin Fines de Lucro —conocida como “Ley Antisociedad”— profundizó las restricciones al espacio cívico en el país.

“La mayoría de ellas eran humanitarias y, además, debo decir que las que lograron registrarse en su mayoría solamente lograron uno de los dos actos que establece la ley para hacer ese registro. Solo conocemos de una que ha logrado los dos actos”, dijo Ali Daniels, codirector de la institución.

El estudio de la organización señala que estas barreras administrativas no solo dificultaron el funcionamiento de las entidades de derechos humanos, sino que dejaron a cientos de familias sin la asistencia médica, alimentaria, legal o de defensa de derechos que estas organizaciones suelen brindar.

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El informe enmarca esta situación dentro de una crisis institucional estructural y no coyuntural, marcada por crecientes limitaciones a la sociedad civil, opacidad judicial y falta de independencia del Poder Judicial frente al Ejecutivo.

Raspados en DDHH

Acceso a la Justicia destaca que por décimo año consecutivo, Venezuela ocupó el último lugar en el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project (edición 2025), en el puesto 143 de 143 países evaluados. “La puntuación en justicia penal cayó a 0,11 (frente a 0,19 en 2015), cinco veces por debajo del promedio mundial de 0,55. La justicia civil retrocedió a 0,26 y la dimensión de derechos fundamentales a 0,28, ubicando al país en el puesto 137. Factores como la lentitud procesal, la corrupción, la falta de imparcialidad y la escasa accesibilidad explican estos resultados”, agregan.

El documento también analiza otras medidas que concentraron poder y debilitaron las garantías: irregularidades en las elecciones municipales, regionales y de la Asamblea Nacional de 2025 (ausencia de cronogramas, adelanto de comicios y cierre intempestivo del registro electoral); el anuncio de una reforma constitucional sin información oficial; y la promulgación de tres decretos de emergencia económica que otorgaron amplias facultades al Ejecutivo.

En el ámbito judicial, se destacó el nombramiento de 764 jueces sin concursos públicos y normas que permiten destituir jueces no titulares de forma inmediata y sin motivación.

En el plano internacional, señala la ONG que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional cerró su oficina en Caracas por falta de avances concretos del Estado, aunque la investigación sobre crímenes desde 2014 continúa. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela documentó la persistencia de patrones de graves violaciones de derechos humanos y la anulación práctica del recurso de habeas corpus.

Acceso a la Justicia advierte que el deterioro del Estado de derecho no es un debate abstracto: sin jueces independientes ni garantías procesales, los ciudadanos quedan desprotegidos ante detenciones arbitrarias y sin instancias imparciales para reclamar sus derechos. El informe completo y su resumen ejecutivo están disponibles en el sitio web de la organización.