En un comunicado que dirigieron al ministro de Educación, Héctor Rodríguez, las 17 organizaciones sindicales nacionales signatarias de la II Convención Colectiva del magisterio venezolano denunciaron irregularidades en el manejo de salarios, pensiones y licencias sindicales, a quien exigieron medidas inmediatas para salvaguardar los derechos de los educadores.
El comunicado surge tras una reunión sostenida el viernes 19 de septiembre con la directora de Gestión Humana de la cartera educativa, Marlene Carolina Díaz Martínez, quien representó al ministro en un encuentro convocado por agenda enviada el 8 de septiembre.
Las federaciones sindicales, que incluyen cinco administrativas, tres obreras y nueve docentes, rechazaron categóricamente las suspensiones unilaterales de salarios y pensiones a docentes activos, jubilados, pensionados, sobrevivientes y en trámites de incapacidad, implementadas desde 2022 por la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre).
«No aceptamos que se nos responda que no tienen información sobre los beneficios reducidos o suspendidos», afirmaron.
Además recordaron que el patrono es el MPPE y que estas medidas violan el marco jurídico venezolano, incluyendo el artículo 91 de la Constitución y la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT).
Desde al menos 2018 los docentes mantienen una lucha por el desmejoramiento de sus condiciones laborales, la falta de la discusión de la contratación colectiva y el llamado instructivo Onapre, que los dejó sin seguridad social ni laboral.
Pese a las quejas y el paso de dos ministros, las demandas del gremio han sido ignoradas tanto por Yelitze Santaella como Rodríguez.
Entre las demandas clave, destacan:
- Migración de docentes al MPPE: Exigen la clasificación y pago inmediato de beneficios para los trabajadores transferidos desde entidades regionales, con todas las previsiones necesarias para salvaguardar sus derechos conforme al artículo 68 de la LOTTT. Culpan a la administración actual de demoras, pese a que el proceso inició en el estado Trujillo con aval del presidente Nicolás Maduro.
- Fuero y licencias sindicales: Insisten en el respeto al fuero sindical de directivos y representantes a nivel nacional, demandando la concesión de todas las licencias sindicales según las cláusulas 79 y 80 de la I Convención Colectiva, así como aquellas derivadas de la sustitución de patrono (artículo 68 LOTTT). «No vamos a aceptar que atropellen y agravien a nuestra dirigencia, que los acosen y suspendan con medidas de coacción», advirtieron.
- Reactivación de convenciones colectivas: Reclaman la inmediata reanudación de la III convención colectiva, suspendida unilateralmente por el MPPE desde febrero de 2022, pese a propuestas presentadas por vías legales. También urgen la restitución de beneficios de la II Convención Colectiva, congelados desde el 15 de marzo de 2022 por Onapre y el ministerio.
- Nóminas y prestaciones: Ratifican la necesidad de entregar a tiempo las nóminas de jubilados y pensionados, junto con el pago de prestaciones sociales, argumentando que las demoras por devaluación diaria erosionan el poder adquisitivo de los trabajadores y sus familias.
En un gesto positivo, felicitaron la aceptación para restablecer la cláusula 86 , que crea el Comité de Evaluación y Seguimiento de la Convención Colectiva, con participación obligatoria de las 17 organizaciones sindicales. Sin embargo, criticaron la aplicación unilateral de una circular sobre el Ipasme por funcionarios de las Unidades de Gestión y Ordenación Pedagógica, pese a reconocer que se trata de un «montaje».
Las organizaciones también demandaron la instalación de una Mesa de Diálogo con la participación de la Inspectoría Nacional del Trabajo, el MPPE y los sindicatos, para abordar estos puntos.
Fuentes sindicales consultadas indicaron que, de no haber avances, se evalúan acciones de protesta coordinadas, en un contexto donde el inicio del año escolar 2025-2026 se avecina sin resoluciones claras