Griselda Sánchez, presidenta de la Asociación Civil Formación para la Dirigencia Sindical (Fordisi) y dirigente del sector educativo, denunció este lunes que persiste la suspensión de salarios a maestros activos en varias regiones de Venezuela, incluyendo Miranda, Barinas, Carabobo, Lara, Monagas y Distrito Capital.
Según Sánchez, los docentes son eliminados de las nóminas sin explicación alguna, una práctica que calificó como recurrente por parte de las direcciones del Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE).
La sindicalista señaló que esta medida se intensifica en momentos clave, como antes de pagos adicionales o bonificaciones, y afirmó que el objetivo actual es reducir el costo del pago de vacaciones correspondiente a julio, un beneficio legalmente establecido para los trabajadores de la educación.
«Cada vez que se acerca un pago adicional retiran indirectamente a los docentes al no depositar sus beneficios», apuntó Sánchez, quien también destacó el impacto negativo en los estudiantes, ya que 70% de las escuelas públicas operan con horarios fragmentados, lo que limita las clases a menos de cinco días por semana.
Al menos 15 mil trabajadores se han visto afectados por estas suspensiones, aunque la cifra real podría ser mayor, advierte la profesora.
Sindicatos chavistas también sienten las suspensiones
La denuncia de Sánchez coincide con un creciente malestar entre las federaciones gremiales educativas afines al chavismo. Este descontento llevó al Sindicato Nacional Fuerza Unitaria Magisterial (Sinafum), una de las afectadas, a romper su postura de no confrontación con el gobierno y unirse a otras organizaciones sindicales para exigir soluciones.
«La plata los unió», ironizó Sánchez, al referirse a cómo los descuentos han forzado una alianza entre las federaciones.
Según la ONG Gremio Docente, esas federaciones han recurrido a las Providencias Administrativas, mecanismos legales que podrían normar los descuentos y, potencialmente, obligar al gobierno a devolver el dinero retenido.
Sin embargo, las expectativas son bajas en temas como ajustes salariales, la restitución de primas eliminadas por la ONAPRE o la firma de un nuevo contrato colectivo, demandas históricas que el gobierno sigue justificando con el bloqueo y las sanciones externas.
Con la reciente revocatoria de la licencia a Chevron, la pregunta sobre una posible mejora en las condiciones laborales queda en el aire, mientras el descontento en el sector educativo venezolano sigue en aumento.