El coordinador general de Provea, Oscar Murillo, demandó la liberación de los presos políticos que el gobierno de Nicolás Maduro mantiene en las cárceles del país.
«A un día de Navidad, seguimos exigiendo por la liberación de todos los presos políticos; por el cese de las largas demoras procesales y un sistema de justicia que proteja, verdaderamente, los derechos de todos los venezolanos sin ningún tipo de discriminación», dijo este lunes 23 de diciembre en su cuenta de la red social X, antes Twitter.
En el mismo post recordó las obligaciones internacionales de Venezuela, contenidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
«Ud. podrá o no estar de acuerdo con un partido y un liderazgo, pero nada justifica la persecución incesante en contra la dirigencia de @VenteVenezuela y del entorno más próximo de @MariaCorinaYA y @EdmundoGU, así como de otros liderazgos de la oposición democrática venezolana», detalló.
Al menos 9 aprehensiones en dos semanas
En las dos primeras semanas de diciembre, el gobierno de Nicolás Maduro detuvo al menos a 9 dirigentes políticos, mayormente del partido de Machado.
Se trata de Álvaro Mora, Edgar Sarabia y Ramón Bejarano en Bolívar; a Luis Palocz y Víctor Manuel Sandoval en Miranda; además de Yerwin Torrealba en Yaracuy.
También en ese lapso apresaron al exconcejal de Caracas, Jesús Armas, a quien mantuvieron en desaparición forzada durante una semana. Su familia, al confirmar que lo tenían primero en la Zona 7 de la PNB y después que lo trasladaron a El Helicoide, denunció que sufrió torturas por parte de agentes de seguridad.
Mientras que el partido Voluntad Popular denunció la detención de un dirigente en el estado Barinas, Carlos Azuaje, a quien apresaron en un punto de control vial en el estado Anzoátegui, al oriente de Venezuela.
Murillo insistió en que toda persona detenida «será informada, en el momento de su detención, de las razones de la misma, y notificada, sin demora, de la acusación formulada contra ella«, según el Pacto Internacional. Sin embargo, en Venezuela «esto ha sido deliberadamente omitido e ignorado por las autoridades y son situaciones que no pueden normalizarse», destacó.