La organización no gubernamental Surgentes denunció este lunes la intensificación de la represión por parte de la gestión de Nicolás Maduro, luego de la agresión que sufrió un grupo de familiares de presos políticos frente a la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el pasado 5 de agosto y la posterior detención de una de sus integrantes, la activista Martha Lía Grajales.
Mediante un comunicado, Surgentes indica que la escalada represiva coninuó con una campaña de criminalización contra activistas, intelectuales y organizaciones de izquierda, así como la detención de Rusbelia Astudillo, consultora de la Federación Nacional de Jubilados y Pensionados de Venezuela, y Roberto Campero, dirigente sindical de Sintraenseñanza.
«La campaña articuló discursos de altos voceros de los poderes públicos que nos acusaban de conspiración, ampliados por medios del Estado y sus aliados privados; así como textos anónimos y piezas de guerra sucia difundidas desde cuentas fantasmas de una agencia de noticias privada y desde chats articulados al Ministerio de Comunicación. La campaña, basada en infundios, además de vulnerar la honra y reputación de las personas mencionadas, las coloca en una situación de riesgo a su vida, libertad e integridad personal», señala la ONG.
Represión a Madres en Defensa de la Verdad
El Comité de Madres en Defensa de la Verdad, que agrupa a unas 150 familias de personas a quienes encarcelaron tras las elecciones del 28 de julio, ha sido señalado por el Estado como cómplice de “terroristas”.
Surgentes refuta esta narrativa, al afirmar que los casos defendidos por el Comité no involucran violencia contra personas, sino detenciones arbitrarias de jóvenes que no participaban en protestas, manifestantes pacíficos o personas acusadas de delitos menores.
Según el comunicado, los detenidos enfrentan cargos desproporcionados como “terrorismo” e “incitación al odio”, sin pruebas sustanciales, y han sido víctimas de incomunicación, torturas y negación de asistencia legal adecuada.
«En Tocorón, se reportan al menos cuatro intentos de suicidio y un caso consumado debido a las condiciones de encierro», añaden.
Derechos restringidos para Grajales
La detención de Grajales, que se dio tras un acto de solidaridad con las Madres del Comité, la calificaron como ilegal por violar artículos de la Constitución venezolana. Según Surgentes, no se presentó orden de aprehensión, se le negó el derecho a un abogado de confianza y la mantuvieron incomunicada durante días.
«La acusación, basada en un ciberpatrullaje al sitio web de Surgentes, carece de pruebas sólidas. Además, se evidenció la connivencia entre grupos parapoliciales y cuerpos de seguridad, ya que el teléfono y la cédula robados a Grajales el 5 de agosto aparecieron como evidencia en su detención», acusaron.
Denunciaron que actualmente, Grajales enfrenta medidas sustitutivas que restringen sus derechos políticos, como la prohibición de expresarse en medios o redes sociales.
Saludaron la liberación de 13 prisioneros el 23 de agosto como un gesto positivo, pero lo califican de insuficiente.
«El conflicto venezolano debe reconstitucionalizarse y eso pasa, entre otras medidas, por liberar a todos los presos políticos y ofrecer garantías para el ejercicio de la política y el respeto a la soberanía popular», añadieron.
Surgentes reafirma su compromiso con la defensa de los derechos humanos y llama a la comunidad internacional a respaldar a las víctimas de la represión en Venezuela, exigiendo el cese de las persecuciones y la restauración del orden constitucional.
Criticaron asimismo el despliegue de barcos y personal militar de Estados Unidos cerca de las costas venezolanas, lo que calificaron de injerencia.
«A EE. UU. no le interesa ni la democracia, ni los derechos humanos en Venezuela, sino el control de nuestros recursos, disminuir la influencia de China y Rusia en la región y reducir la inmigración», sostienen.
Lea aquí el comunicado completo de Surgentes:
Surgentes denuncia ataques contra defensores de derechos humanos by Efecto Cocuyo