La ONG Justicia, Encuentro y Perdón recordó las irregularidades que rodean el proceso judicial y encarcelamiento de la abogada, activista de derechos humanos y presidenta de Control Ciudadano, Rocío San Miguel, quien este 9 de septiembre cumplió 19 meses en prisión desde su arresto el pasado 9 de febrero de 2024.
«A pesar de no haber sido condenada, Rocío San Miguel ya sufre las consecuencias de un encarcelamiento prolongado sin causa judicial válida. Este hecho vulnera la presunción de inocencia y el derecho a ser juzgada en un plazo razonable, y con la asistencia de abogados de confianza, derechos consagrados en la Constitución venezolana y en los tratados internacionales de los que el Estado es parte».
A San Miguel la detuvieron cuando iba a viajar fuera de Venezuela junto con su hija. En los controles migratorios en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, en La Guaira, las apresaron a ambas. Posteriormente también detuvieron a dos hermanos de la abogada, al papá de su hija y su expareja.
Aunque liberaron a los dos hermanos, su hija y el papá, tanto San Miguel como Alejandro González de Canales, un militar retirado que era gerente de Chevron, siguen en la cárcel.
Las autoridades acusaron a San Miguel de los supuestos delitos de «traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación». Sin embargo, tras más de un año de su detención y encarcelamiento en las celdas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) de El Helicoide, su audiencia de juicio sigue sin realizarse con más de dos suspensiones.
El mensaje con la detención de San Miguel
Para la organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón su caso sentó un precedente, así como lo fue la aprehensión de Javier Tarazona, al atacar a defensores de derechos humanos.
«La privación de libertad de Rocío San Miguel trasciende lo individual: es un ataque directo contra la labor de quienes defienden los derechos humanos en el país. Criminalizar su trabajo cívico y pacífico envía un mensaje de intolerancia institucional hacia la crítica, la verdad y la participación ciudadana, debilitando aún más el espacio democrático en Venezuela».
Además, sufrió una fractura en uno de sus hombros, información que se hizo oficial cuando trascendieron imágenes en la que le prestaban atención médica, un hecho que generó condena de organizaciones defensoras de derechos humanos. A pesar de que necesitaba una intervención quirúrgica, se desconoce si la practicaron.
«Exigimos su liberación inmediata e incondicional. Mantener en prisión a quienes defienden los derechos fundamentales de la sociedad niega toda posibilidad de justicia», añadió la ONG.
Otras organizaciones como Provea piden se le conceda una medida humanitaria, una operación con sus médicos de confianza y otorgarle arresto domiciliario, peticiones que no han encontrado eco en el sistema judicial ni en el chavismo gobernante.