Los presos políticos en Venezuela fueron sometidos a condiciones de encarcelamiento inhumanas e injustas. Esto lo determina el informe del Comité de Familiares y Amigos por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) publicado este lunes 30 de diciembre.
En el documento se nombran las diferentes maneras en que las autoridades venezolanas reprimieron de forma sistemática las protestas postelectorales. No solo con presencia policial en las calles, sino con detenciones masivas que generaron miedo entre la población descontenta.
“El gobierno respondió con una actuación policial y militar en forma de razzia, de manera violenta, arbitraria e ilegal utilizando tanto efectivos de los cuerpos de seguridad del Estado como grupos armados no oficiales”, indicó parte del informe del Clippve.
La organización venezolana también cita a la ONG Provea al afirmar que, “en solo 16 días se registraron un promedio de 150 detenciones diarias, superando considerablemente la represión estatal de los tiempos de movilización de los años 2014, 2017 y 2019, e incluso las jornadas de protesta realizadas recientemente en Nicaragua”.
Dentro de las principales conclusiones del informe se destaca que hubo “una violación sistemática de derechos fundamentales de los presos políticos en Venezuela, tales como el derecho a la vida, a una alimentación adecuada, al acceso al agua potable, a la salud y a condiciones dignas de alojamiento e higiene”.
Presos políticos en Venezuela enfrentaron un año sin precedentes
Aunque Venezuela ha registrado picos de represión desde la llegada de Nicolás Maduro al poder, las ONG criollas aseguran que lo vivido en 2024 supera con creces a los momentos similares ocurridos en 2014, 2017 y 2019. Años en los que los venezolanos tomaron las calles para manifestar en contra del gobernante venezolano.
Muestra de ello es la cantidad de presos políticos que se registraron en apenas unas semanas. Las autoridades criollas hablaron de más de dos mil detenidos, mientras que las ONG venezolanas situaban la cifra un poco por debajo las 1900. En ambos casos se trata de un número notable que derivó en una serie de protestas sostenidad exigiendo la liberación de estas personas.
Mientras la gente estaba detenida en las celdas, en la calle se vivía tensión. Las personas decidieron estar en sus casas por miedo a ser parte de la cifra de apresados. “En las calles se vive un estado de excepción, los militares y policías tienen puntos de control, donde, entre otras, revisan los teléfonos celulares de los ciudadanos, y si les encuentran cualquier información alusiva al candidato de oposición o de sus partidos aliados los detienen”, cita el informe del Clippve, publicado este lunes 30 de diciembre.
Torturas físicas a los presos políticos y sobrecarga emocional para los familiares
La organización criolla también recuerda que, previo a las detenciones en el contexto de las protestas postelectorales, ya había 300 personas apresadas por motivos políticos. El informe también habla de torturas físicas y tratos crueles hacia los presos políticos, algo que fue denunciado constantemente por los familiares y allegados.
“La documentación de torturas físicas y psicológicas, el uso de aislamiento prolongado y la negación de contacto con familiares o abogados constituyen actos de denegación del debido proceso y muestran el uso consuetudinario de la tortura, física y psicológica, en abierta oposición a lo establecido en nuestro ordenamiento jurídico”, cita el documento.
También se habla de una “sobrecarga emocional, económica y logística impuesta a los familiares —quienes deben suministrar alimentos, agua potable y medicamentos a los detenidos— agrava el impacto de las condiciones de reclusión en las familias, perpetuando los ciclos de sufrimiento y vulnerabilidad. Además, la mayoría de los privados de libertad, fueron trasladados a centros de reclusión lejanos a sus hogares, lo cual agudiza las condiciones de pobreza de las familias”.
Al finalizar, el documento afirma que “la continuidad de estas condiciones representa no solo un peligro para la vida de los presos políticos, sino también una amenaza para los principios democráticos y el respeto a los derechos humanos en Venezuela”.