Los accidentes en motocicleta cada día son una pesadilla que se vive en las calles y autopistas de Venezuela. La ausencia de cifras oficiales, sumado a la falta de planes que involucren tanto al Estado como a la sociedad civil, crean proyectos esporádicos y de poca trascendencia.
El gobernador del estado Vargas, José Alejandro Terán, advirtió que estos siniestros son ya un problema de salud pública en su región. “Tengo los hospitales a reventar de motorizados. Si vas al Periférico de Pariata o al Seguro Social José María Vargas, te encuentras con camas ocupadas por motorizados”, declaró el gobernador.
Terán señaló que estas personas están a la espera de ayudas que van desde los 3.000 a los 4.000 dólares por persona para costear kits de tornillos, placas y cirugías, sin contar los gastos de anestesia.
El fiscal general Tarek William Saab anunció un plan para reducir la mortalidad asociada a los accidentes de tránsito, que asegura es el índice de mayor número de muertes en el país. “A través de este programa se busca mitigar estas consecuencias con la promoción de una cultura vial basada en la responsabilidad y el respeto de la seguridad de todos los venezolanos», anunció este 3 de febrero.
Detalló que para 2024, los accidentes de tránsito cerraron con 1.924 casos, 37 % corresponde a casos de choques entre vehículos, 27 % arrollamientos, 18 % choques contra objetos fijos y 18 % a motivos varios.
En 2024, el Observatorio de Seguridad Vial reportó 3.637 accidentes de tránsito en Venezuela, que dejaron 1.373 fallecidos, de los cuales 579 eran motorizados; es decir, representan 42,17% de las víctimas fatales.
Según los datos del observatorio, aproximadamente casi dos personas murieron cada día en accidentes relacionados con motos. Estos números muestran que el problema señalado por Terán en su estado es parte de una situación más amplia, donde las motocicletas están involucradas en una proporción significativa de los siniestros mortales del país.
Un problema de salud pública
Lilian Romero, directora de la Asociación de Ayuda a las Víctimas de Siniestros Viales y Educación Vial (Asotránsito), explicó en una entrevista con Efecto Cocuyo que los accidentes de moto se convierten en un problema de salud pública por el elevado costo que representan para el Estado.
Según indicó, cada choque involucra gastos que van desde la atención médica en hospitales públicos —como cirugías e insumos— hasta los recursos desplegados por policías, bomberos y personal de limpieza de vías.
Romero señala que este drenaje económico, que resaltó el gobernador Terán en La Guaira, no es exclusivo de ese estado, sino una constante en todo el país, donde los presupuestos se ven desbordados por la atención a motorizados heridos.
La fundadora de Asotránsito indicó que la alta incidencia de accidentes de moto satura los servicios de emergencia, lo cual deja poco margen para atender otras necesidades de salud, porque los fondos públicos, que podrían destinarse a mejorar el sistema sanitario o prevenir enfermedades, se consumen en cubrir los costos de una crisis vial evitable.
Destacó que la recurrencia de estos accidentes genera problemas de salud física, especialmente entre jóvenes, que son las principales víctimas de estos hechos. La discapacidad permanente de muchos sobrevivientes representa un costo tanto para las familias como al Estado, al sumarle más presión al sistema de salud.
“Es un problema de salud pública porque el dinero se gasta en atender las consecuencias y no en evitarlas”, afirmó.
No hay un plan
La fundadora de Asotránsito, señala que en el país «no existe un plan concreto por parte del gobierno de Maduro para reducir los accidentes de tránsito, ya sea en motocicletas, vehículos particulares o peatones».
Enfatizó que cada ente trabaja de manera aislada, lo que se evidencia cuando el fiscal general expresa su preocupación por la alta siniestralidad vial o cuando el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (Intt) no emite pronunciamientos contundentes al respecto. «No hay una estrategia unificada ni políticas públicas claras que aborden este problema de manera integral», afirma Romero.
Destacó que «los esfuerzos para reducir los accidentes son esporádicos y dependen de iniciativas locales, como en Táchira o La Guaira, donde cada región actúa según sus necesidades». Sin embargo, estos esfuerzos no forman parte de un plan nacional coherente.
«Para que exista un plan serio, se requiere la activación de políticas públicas desde el ejecutivo, con la participación de todos los sectores involucrados», explica.
Romero enfatizó que «la siniestralidad vial no solo afecta a las víctimas y sus familias, sino que también impacta negativamente al país».
Adviertió que el gasto público aumenta al atender a personas que quedan con discapacidades o al cubrir los costos asociados a los fallecidos, muchos de los cuales son jóvenes en edad productiva.
Para Romero, el aumento del gasto representa un retroceso para el desarrollo del país, ya que «la pérdida de vidas en las carreteras significa menos personas capaces de contribuir al crecimiento económico y social de Venezuela».
Romero insistió en que «es urgente activar un plan nacional que no solo involucre a funcionarios públicos, sino también a la sociedad civil».
“El plan tiene que ser integral y abarcar aspectos como regulaciones claras, campañas de concienciación y mejoras en la infraestructura vial. Sin un enfoque serio y coordinado, seguiremos viendo cómo más venezolanos pierden la vida en las carreteras, lo que profundiza los problemas económicos y sociales del país».
Sin cifras oficiales
La experta afirmó que aunque Venezuela tiene un repunte en la siniestralidad vial, especialmente en motorizados, destacó que el problema no es exclusivo del país, ya que otros países de la región también enfrentan situaciones similares.
Según Romero, la diferencia con otros países como Colombia es que ellos han logrado controlar el aumento de fallecidos, mientras que en Venezuela no se ha modernizado la infraestructura vial ni la forma de aplicar multas, lo que nos mantiene estancados en el tiempo.
Una de las principales causas de esta situación, según Romero, es la falta de políticas públicas efectivas y la ausencia de estadísticas confiables, destacó que aunque existen organizaciones que hablan de cifras, estas no reflejan la realidad, ya que las estadísticas oficiales deberían ser manejadas por el Ministerio de Salud, a través de su departamento de hechos violentos.
«Las cifras actuales, basadas en reportes de prensa, no son suficientes para dimensionar el problema y tomar decisiones adecuadas”, agregó.
Propuesta para mejorar
La directora de Asotránsito sostuvo que es importante:
✍🏿Capacitar a quienes obtuvieron licencias de manera indebida, estableciendo fechas para que reciban formación en seguridad vial.
✍🏿 Implementar exámenes médicos, psicológicos y evaluaciones para los motoristas, ya que actualmente cualquiera puede obtener una licencia.
✍🏿 Multas y sanciones más estrictas, no solo por falta de documentación, sino por imprudencias al volante, como virar en U en lugares prohibidos.
✍🏿Uso obligatorio de cascos integrales, educación vial y la inversión en sistemas de fotomultas, que a su criterio resultan más económicos que los costos generados por los accidentes en los hospitales.
Motopiruetas como deporte
El 12 de junio de 2024, el gobernante Nicolás Maduro oficializó las «motopiruetas» como un deporte nacional en Venezuela, elevando a rango oficial una práctica común entre motorizados del país.
Las motopiruetas consisten en acrobacias arriesgadas sobre motocicletas, como giros y levantamiento de ruedas, realizadas frecuentemente en calles públicas. En otros países, esta actividad se conoce como «stunt riding» en Estados Unidos o «moto acrobática» en España, y suele estar restringida a eventos controlados, sin embargo en las calles y autopistas de Venezuela cada vez es más común ver a motorizados realizando este tipo de acrobacias que además pone en riesgo la vida de peatones y transeúntes.
La medida tomada por Maduro generó un debate por la peligrosidad de las maniobras. Ante el decreto Romero consideró que es una decisión afecta la seguridad vial al incentivar maniobras peligrosas entre aficionados.
«Todo deporte tiene un aficionado que no quiere ser deportista, pero le gustan las maniobras que se practican», señaló, comparándolo con jóvenes que juegan béisbol improvisado o básquet sin ser profesionales.
«Este ‘deporte’ es exclusivo, no todo el mundo lo puede practicar, porque es de riesgo», dice Romero y destaca que no se debería realizar en cualquier vía sin controles estrictos. A diferencia de otros deportes, las acrobacias en moto, como los caballitos, se practican a menudo en espacios públicos por personas sin preparación, lo que eleva la probabilidad de siniestros.
Romero también vinculço el aumento de accidentes con un contexto social específico. Tras años de restricciones por la crisis económica y el covid, los jóvenes buscan salidas en actividades como pasear en moto y probar maniobras.
«Si hay facilidad de comprar una moto y salir a hacer maniobras, esto se convierte en un problema», explicó, apuntando a cómo esta tendencia ha incrementado los incidentes viales.
La experta mencionó que la declaración de Maduro, sin un marco claro de regulación, agrava la percepción de los riesgos asociados a las motocicletas. La falta de espacios designados y normas específicas permite que las motopiruetas se extiendan sin control, afectando no solo a los practicantes, sino también al sistema de salud, ya saturado por las víctimas de estos accidentes.