En mayo hubo 30 violaciones a la libertad de expresión en Venezuela, revela Espacio Público
Mencionaron detenciones como la de Eduardo Torres y Carlos Marcano

Con un total de 17 víctimas y 30 violaciones a la libertad de expresión cerró el pasado mes de mayo en Venezuela, de acuerdo con el registro de la ONG Espacio Público.

«En este mes electoral registramos 30 violaciones del derecho a la libertad de expresión, en un contexto marcado por la represión estatal previa y durante las elecciones parlamentarias y regionales del 25 de mayo», dijo la organización no gubernamental venezolana este viernes 6 de junio.

Entre los casos destacó que hubo desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, actos de hostigamiento, restricciones al trabajo periodístico y criminalización de la labor de las organizaciones defensoras de derechos humanos en el país.

«En total suman 17 víctimas en 13 hechos contra la expresión, siendo los principales responsables los cuerpos de seguridad (9) e instituciones del Estado (4). En mayo aumentó un 160 % el número de casos y se mantuvo el patrón de persecución, con especial énfasis en la censura impuesta por diferentes vías», agregó la ONG-

Detenciones masivas antes de las elecciones

En su reporte mencionan la detención del activista de DDHH, abogado y miembro de Provea, Eduardo Torres, a quien apresaron el pasado 9 de mayo en Caracas. Estuvo por más de 96 horas sin comunicación con su familia, lo recluyeron en El Helicoide, sede de la policía política Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Como muchos presos políticos le impidieron tener un abogado defensor de confianza y no le permiten visitas en su sitio de reclusión.

«Este hecho se inscribe en un patrón de persecución que también afectó al médico Omar Vergel y a la abogada Merlina Carrero, ambos activistas de derechos humanos detenidos arbitrariamente el 7 de mayo en Táchira. Según testigos, ambos fueron capturados por funcionarios sin identificación y trasladados en vehículos sin insignias oficiales». A los dos los excarcelaron días después sin que haya explicación oficial de su aprehensión.

Espacio Público también hizo énfasis en el arresto del periodista Carlos Marcano, uno de los tantos ciudadanos venezolanos a los que señalan de ser parte de un supuesto plan de boicot contra las elecciones regionales y parlamentarias del 25 de mayo, por la que más de 70 personas se encuentran en diferentes cárceles del país.

«Entre las víctimas hay defensores de derechos humanos, activistas políticos, periodistas y ciudadanos extranjeros. Familiares denunciaron que muchas de estas personas están en condición de desaparición forzada y no han podido ejercer su legítimo derecho a la defensa con sus abogados de confianza», cita la ONG sobre estas detenciones masivas que ocurrieron a partir del 19 de mayo.

Sobre la cobertura a las elecciones, citan las restricciones que vivió en Caracas un trabajador del diario Tal Cual, las amenazas de civiles contra el corresponsal de Telemundo Daniel Garrido, así como de denuncias en Maracaibo, Mérida, Aragua y Apure.

ONG blanco de ataques

Las ONG también fueron víctimas de ataques, señalamientos y criminalización por parte de agentes estatales durante mayo. Tras los comicios, el titular de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, las implicó como supuestas financistas del supuesto plan de boicot contra los comicios, además de llamarlas terroristas.

Hizo mención a Provea, Foro Penal, Maracaibo Posible y Médicos Unidos por Venezuela. «Estas declaraciones agravan el patrón de criminalización contra organizaciones de la sociedad civil y pretenden desalentar la denuncia pública de arbitrariedades cometidas por el Estado», advirtió Espacio Público.   

«El mes cerró con un clima de intimidación generalizada, censura y amenazas constantes hacia quienes informan, denuncian o ejercen activismo en defensa de derechos. La represión se mantuvo como mecanismo principal del Estado para limitar el espacio cívico y controlar el discurso público en el marco de un proceso electoral sin garantías. La criminalización, las restricciones a la prensa y la falta de acceso a la justicia reflejan la gravedad del retroceso democrático que atraviesa Venezuela», añadió la organización.