La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) anunció la ampliación de medidas de protección para los miembros de la ONG venezolana Foro Penal.
En un comunicado de prensa informaron que «continúa vigente la situación de riesgo respecto de 4 personas beneficiarias de medidas cautelares» que emitieron en 2019, pero además agregaron a otros 10 integrantes de la organización no gubernamental que se dedica a la defensa de presas y presos políticos en el país.
Recordaron que «las personas beneficiarias han enfrentado intimidación y hostigamiento de agentes estatales, reteniéndoles por largos períodos, amenazándoles con detención o abriéndoles procesos por documentar los hechos» por intentar asistir a personas privadas de libertad en el contexto de las protestas poselectorales del pasado mes de julio.
Dictan medidas a favor de Kennedy Tejeda
Los nuevos beneficiarios de estas cautelares son Kennedy Tejeda, Mayela Fonseca, Lucía Quintero, Pedro Arévalo, Arelys Ayala, Wiecza Santos Matiz, Laura Valbuena, Raquel Sánchez Carrero, Franyer Jose Hernandez Valladares, y Marbella Gutiérrez. Mientras que mantienen las que ya habían emitido a favor de Alfredo Romero, Gonzalo Himiob Santomé, Luis Betancourt, y Olnar Ortiz.
Tejeda es un abogado del Foro Penal a quien detuvieron en el estado Carabobo cuando acudió a un módulo policial de esa entidad para preguntar por personas detenidas por mostrar su rechazo a los resultados electorales oficiales del 28 de julio, en los que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó a Nicolás Maduro como ganador, a pesar de que cuatro meses después aún no muestra las actas oficiales de votación.
Entre las acciones de la Cidh está la de «continuar el seguimiento de la situación de Olnar Ortiz bajo el registro de medidas cautelares 143-13» y «levantar las medidas cautelares respecto de Yoseth Colmenares y Robiro Terán». Igualmente decidieron «no ampliar las medidas a favor de Orlando Moreno y del resto de integrantes de Foro Penal, quedando abierta la posibilidad de presentar información adicional para su valoración posterior».
Instaron al gobierno venezolano a permitir el trabajo de los y las activistas del Foro Penal en defensa de los derechos humanos sin limitaciones. Y que «en particular, informe sobre las circunstancias de detención de Kennedy Tejeda, incluyendo su situación jurídica actual y permitiendo que sus familiares y representantes legales de su confianza tengan comunicación con él».
Que pidió la CIDH para el Foro Penal
Agregaron que «respecto de todas las personas beneficiarias, se solicita que informe de manera formal sobre la existencia de algún proceso de investigación en su contra, incluyendo por lo menos: los hechos que se investigan, los delitos que se le imputan, la fiscalía a cargo de la investigación, y la autoridad judicial competente que conoce de la investigación».
Y sobre esta última petición exhortan al Estado a «permitir que las personas beneficiarias y/o sus representantes puedan acceder a la integralidad del expediente penal en su contra, si este existe, permitiendo que pueda presentar los recursos correspondientes y garantizando su seguridad en la tramitación del mismo».
Entre quienes ya tenían medidas y se ampliaron se encuentran Alfredo Romero, director presidente de la ONG; Gonzalo Himiob, director-vicepresidente; Olnar Ortiz, representante y defensor de las poblaciones indígenas; y Luis Betancourt, coordinador del Foro Penal en Carabobo.