Eran alrededor de las 5:30 de la tarde, del 8 de enero de 2025, cuando el ingeniero Ángel Godoy, de 51 años de edad, regresaba a su hogar en la urbanización Raúl Leoni, sector El Barbecho, en Los Teques, estado Miranda. Lo que parecía ser un día normal se convirtió en el inicio de una pesadilla para su familia.
Testimonios de vecinos, vieron a Godoy bajar de un taxi en el estacionamiento de su lugar de residencia y se encontró con un vehículo Chery Arauca, color dorado, cuyo capó estaba abierto. Una persona vestida de civil, en bermudas, se le acercó como para hacerle una pregunta.
En cuestión de segundos, una camioneta Hyundai Tucson color blanco, con vidrios ahumados y estacionada en el lugar, interceptó a Godoy. De ella descendieron varias personas vestidas de negro, con capuchas y sin identificación alguna. Los vehículos tampoco tenían emblemas o placas que los vincularan a algún ente de seguridad del Estado.
Según relatos de los testigos, Godoy no opuso resistencia y colaboró con sus captores, quienes lo subieron a uno de los vehículos, pero antes de ser llevado, gritó: “¡Avisen a mi esposa! ¡Me está llevando el Sebin!”.
Los vehículos involucrados en la detención abandonaron enseguida la urbanización. Quienes estaban en la zona aseguran que Godoy continuó gritando mientras era trasladado, intentando que alguien escuchara y alertara a su familia.
“Él tuvo que haber visto algo en ese vehículo que le permitió identificar que se trataba del Sebin”, relata Adriana Briceño, esposa de Godoy, en una entrevista telefónica con Efecto Cocuyo.
Desde ese momento, la familia perdió todo rastro del ingeniero. No hubo notificaciones oficiales, ni cargos, ni información sobre su paradero. La desaparición forzada de Godoy se convirtió en un caso más de los que se han registrado en los últimos meses en Venezuela, tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.
Búsqueda desesperada
Después de la detención, Adriana Briceño inició una búsqueda incansable de su esposo. La mujer acudió a todas las instancias de seguridad en Los Teques: la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), la Policía de Miranda y el antiguo Faes, ahora conocido como Decdo. En todos los lugares, la respuesta fue la misma: “No está aquí”, afirma Briceño.
Al cumplirse 48 horas de la detención, Briceño formalizó una denuncia en el Ministerio Público. Sin embargo, los funcionarios le informaron que, al tratarse de un caso “político”, no podían involucrarse directamente. “Me sugirieron que fuera a Caracas, donde estos casos están centralizados”, dijo Briceño. A pesar de sus esfuerzos, ninguna institución proporcionó información sobre el paradero de su esposo.
En Caracas, Briceño también visitó la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) El Helicoide, y otras instalaciones como la Dirección de Contrainteligencia Militar, en Boleíta, pero en todas la respuesta fue la misma: “No está aquí”. Sin embargo, días después, por coincidencia, Briceño supo que su esposo estaba recluido en El Helicoide. “Nadie me lo confirmó oficialmente. Lo supe por casualidad”, afirmó.
Activista en la mira
Godoy es un ingeniero, redactor del medio digital Punto de Corte, y presidente del Movimiento Democracia e Inclusión, una organización política que promueve la participación ciudadana y la defensa de los derechos humanos.
“El pretender informar no es un delito, el tener un criterio de opinión respetuosa no es delito, el opinar distinto no es delito”, afirma Briceño.
Además de la incertidumbre sobre su paradero, la familia de Godoy teme por su salud. Tras padecer de COVID-19, el ingeniero quedó con secuelas respiratorias que requieren tratamiento constante.
“Él depende de nebulizaciones. Cualquier cambio de clima, polvo o alergia puede desencadenar una crisis”, explica Briceño. Hasta el momento, no se sabe si Godoy ha recibido la atención médica necesaria durante su detención.
Defensores de DD. HH. lo apoyan
Desde el primer día, Briceño contó con el apoyo de la organización Foro Penal, que brinda asistencia legal a víctimas de violaciones de derechos humanos. Junto a ellos, presentó un habeas corpus para exigir la liberación de Godoy y denunció el caso ante la Defensoría del Pueblo y la Dirección de Protección de los Derechos Humanos del Ministerio Público.
Además, organizaciones como el Comité de Familiares de Presos Políticos y la ONG Mujeres, Derecho y Defensa han acompañado a Briceño en su lucha. “Me he unido a una serie de familias que han estado padeciendo esta historia tan triste, tan traumática, tan inhumana”, dice la esposa.
Un llamado a la comunidad internacional
Briceño hace un llamado urgente a la comunidad internacional y a las organizaciones de derechos humanos para que no permanezcan indiferentes ante casos como el de su esposo. “Esto no es solo un registro más. Son crímenes de lesa humanidad. Mantener a una persona desaparecida, incomunicada, sin acceso a su familia o a un abogado, es inhumano”, afirma.
“Exijo que se tomen acciones concretas. No podemos seguir permitiendo que estas violaciones a los derechos humanos queden impunes”, agregó Briceño, quien también pide la liberación inmediata y plena de su esposo, ya que no existen cargos formales en su contra.
Mientras continúa la lucha por la liberación de Godoy, su familia se mantiene unida. Su hijo de 16 años de edad, quien está próximo a graduarse de bachiller, es un pilar fundamental para que Briceño no decaiga en su lucha. “Él me da la fuerza para seguir luchando”, dice.