A medida que finaliza el año escolar 2024-2025 y se acerca el inminente 2025-2026, las instituciones educativas privadas en Venezuela enfrentan un panorama complejo para definir los ajustes de las matrículas y mensualidades. Ya muchos colegios han realizado sus primeras asambleas de padres y representantes para presentar sus propuestas de aumentos de tarifas, algo que preocupa a toda la comunidad educativa de cada una de esas instituciones.
Con el contexto ya marcado por la crisis económica en Venezuela, para nadie es sorpresa que se piense desde ya en esos aumentos. Los costos operativos de los planteles, que incluye los salarios del personal docente y administrativo, influyen en las estructuras de costos que se deben presentar para ser aprobados por los padres.
A eso se suma la alta morosidad en la educación privada, que actualmente alcanza el 40% de la matrícula, según datos de la Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes (Fenasopadres). La Asociación Nacional de Institutos Educativos Privados (Andiep) también ha mostrado cifras de cuánto necesita generar de ingresos un colegio par poder seguir funcionando.
Un ejemplo entre miles
Andiep ha enfatizado que los ajustes de mensualidades se deciden en asambleas con padres y representantes, siguiendo la resolución 114 del Ministerio para la Educación. En estas reuniones, se presentan propuestas de estructuras de costos que son evaluadas por comités de padres antes de ser aprobadas por mayoría.
«En el colegio donde estudia mi hija, que va para segundo año de bachillerato, hicieron ya la primera reunión. El comité de estructura de costos y la administración del colegio presentaron tres propuestas y presupuestos; la primera de aumentar a 135 dólares; la segunda a 150 y la otra a 185. Espero que gane la primera, porque no sé cómo voy a pagar si se llega al acuerdo que sea la última, porque actualmente la mensualidad está en 115 dólares y a mí todavía no me aumentan el salario», indicó Yelitza Mejías, madres de una estudiante de un plantel privado ubicado en San Bernardino, en Caracas.
Comentó que aún queda que más del 70 % de los representantes, en este caso unas 600 familias, según el total de casi 900 alumnos entre primer grado de primaria y 5to año de bachillerato de esa institución, logren ponerse de acuerdo y votar por la opción que más se ajuste a la realidad de sus bolsillos.
«Lo triste es que se sabe que hay familias que, incluso, deben mensualidades desde el pasado año escolar; es decir, más de 12 meses. Si no pueden pagar lo anterior, menos lo que se va a aumentar. Y algunos no quieren cambiarse de colegio o buscar escuelas públicas. Para mí, es una inversión», asegura Mejías.
La Red de Padres y Representantes, por su parte, ha insistido en que estos miembros de la comunidad educativa, los padres y madres, son los principales responsables de acordar las tarifas, y ha criticado intentos pasados de intervención gubernamental, como la resolución 027 de 2018, que buscaba imponer controles que limitaban la autonomía de los colegios privados.
«Aproximadamente el 70% del presupuesto de los centros educativos se va en pagos para el personal y ese es un costo que no se puede reducir, no obstante, el 30% restante se podría reducir. La tarea de los consejos educativos es identificar por qué hay morosos y brindarles un trato distinto a cada uno de ellos; de manera que se puedan implementar diversos mecanismos para apoyar a quienes tienen complicaciones a la hora de realizar los pagos. Entre ellos, ofrecer becas para quienes atraviesan momentos económicos difíciles. Por muchas razones tenemos que apoyarnos unos entre otros», dijo Lila Vega, directiva de esta red, durante una entrevista en Unión Radio.
Morosidad y dificultades económicas
Fenasopadres reportó recientemente que el 40% de los estudiantes en colegios privados presentan atrasos en el pago de mensualidades, un reflejo de las dificultades económicas que enfrentan las familias venezolanas. Natalia Reverón, coordinadora de esta ONG, explicó que la situación económica del país ha mermado los presupuestos familiares, al dificultar el cumplimiento de estos compromisos al cierre del año escolar 2024-2025.
«Esta morosidad pone en riesgo la operatividad de los colegios, que dependen en un 70% de las mensualidades para cubrir la nómina de docentes y personal, y el 30% restante para gastos operativos, como impuestos y mantenimiento», agregó.
De acuerdo con Andiep, los ajustes de las mensualidades para el próximo año escolar se estiman entre un 20% y un 40% en promedio. Este incremento responde a factores como la inflación acumulada, el impacto de nuevos impuestos, como la Ley de Protección de las Pensiones de Seguridad Social que exige un aporte del 9% de los ingresos del personal, y la necesidad de mejorar los salarios docentes.
Nelly Sánchez, presidenta de Andiep nacional, informó que la matrícula actual en el sector privado asciende a 1.100.000 estudiantes. Esta cifra refleja una notable disminución del 62% en comparación con los 2.900.000 alumnos registrados en 2018.
Impacto en la matrícula y sostenibilidad
La combinación de morosidad y ajustes de costos ha generado una disminución en la matrícula de colegios privados, que actualmente representa solo el 12% del total de estudiantes en Venezuela, según Fenasopadres.
Esta tendencia podría agravarse, con riesgos de cierre de planteles y reducción de personal docente.
Andiep y Fenasopadres coinciden en la necesidad de buscar acuerdos flexibles con las familias, como planes de pago adaptados a los ciclos económicos de los padres, para evitar una mayor deserción escolar. Sin embargo, advierten que sin medidas que alivien la presión económica, el sector educativo privado enfrentará serios desafíos para mantenerse operativo.