Caracas.- Autoridades dentro del Poder Judicial impiden el acceso a la defensa privada a los detenidos por las protestas poselectorales porque se les acusa solo con el acta de aprehensión redactada por policías y sería muy fácil para sus abogados desmontar las acusaciones de terrorismo, declaró el abogado Joel García durante una entrevista concedida a VPItv.
Según información que maneja el defensor de los derechos humanos, las actas policiales, donde se reseña la detención de adolescentes y jóvenes mayores de edad, son el único elemento acusatorio que poseen para señalarlos por delitos de terrorismo e incitación al odio. “Están acusándolos con un solo elemento, ni siquiera con uno de convicción, sino con una simple acta policial", declaró.
Entre las denuncias realizadas por familiares de los presos, también destacan las torturas a las que fueron sometidos para obligarlos a grabar videos en los que acusaban a dirigentes de oposición de pagarles para salir a las calles a generar disturbios, pero la mayoría se negó a tal fin.
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También, fueron amenazados para que firmaran hojas en blanco sobre las cuales luego se redactaban declaratorias de culpabilidad por los delitos que les imputan. Varios testimonios obtenidos por El Pitazo precisan que defensores públicos los instaron a asumir su culpabilidad para que les redujeran las penas a la mitad y, como la mayoría se negó porque se declararon inocentes, pasaron sus casos a juicio.
García lamentó que los jueces de control sean los primeros que violen los derechos de los detenidos a un proceso transparente. “Son jueces que estudiaron para defender y garantizar derechos, que se atreven incluso a hacer estudios de posgrado, los primeros que violan los derechos", aseguró durante la entrevista.
Sobre las constantes denuncias y manifestaciones realizadas por familiares de los detenidos, el abogado precisó que deben continuar alzando su voz porque, en estos casos, la libertad de los jóvenes no depende de los jueces ni de Unicef, porque es el Poder Ejecutivo el que puede liberarlos. “En Venezuela, no tenemos separación de poderes, los jueces lo que hacen es cumplir instrucciones, igualmente los fiscales", dijo.
El lunes 21 de octubre, familiares de los detenidos protestaron a las afueras de la sede del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en Caracas en solicitud de la mediación de esta agencia para que se les otorgue libertad a 70 adolescentes acusados de terrorismo, en todo el país.
La semana pasada acudieron al Ministerio de Servicio Penitenciario para exigir al ministro Julio García que mejoren las condiciones de los detenidos, quienes tienen acceso limitado a la luz solar, no pueden asearse, tampoco toman agua ni se les permite el ingreso de alimentos.
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