Maestros de pie entre ruinas: el reto de volver a clases luego de perderlo todo

Educadores sobrevivientes del doble terremoto del 24 de junio enfrentan el nuevo año escolar desde carpas y refugios. Con sueldos que no cubren ni el transporte diario, viven la paradoja de tener que sostener el sistema educativo mientras sus propias vidas siguen en ruinas. La vocación es lo único que quedó en pie tras el desastre

Por: Kemberlyn Talero, Mairen Dona y Rosanna Battistelli 

El regreso a clases en Caracas y La Guaira encuentra a decenas de educadores venezolanos en la intemperie. Mientras las autoridades llaman a volver a las aulas, muchos maestros permanecen en refugios, carpas o habitaciones prestadas, tras haber sobrevivido al doble terremoto del pasado 24 de junio.

Al 30 de julio, el Sindicato de Maestros de Distrito Capital registró solo en Caracas 244 docentes fallecidos y 67 con pérdidas de vivienda, pero estiman que la cifra es mucho más alta. Estos educadores enfrentan una dura contradicción: se les exige pararse frente a un salón a dar ánimo a los estudiantes cuando ellos mismos carecen de un techo seguro para pasar la noche o de recursos para reconstruir sus hogares.

A la pérdida patrimonial se le suma la asfixia económica, con salarios deprimidos que ya no cubren el pasaje diario para trasladarse a los planteles y mucho menos la reposición de los enseres perdidos en la tragedia.

Con el temor constante a las réplicas y sin una estabilidad financiera mínima, la reincorporación se percibe como una imposición ajena a las condiciones del entorno.

De pie junto a los escombros

Al final de una calle ciega en La Pastora, en Caracas, solo queda la planta baja a medio derrumbar y un sótano de lo que fue un edificio de cinco pisos y el hogar de siete familias por décadas.

De pie junto a los escombros, Jenny Castro muestra los daños en lo que queda de la estructura. Su voz se quiebra por momentos, pero mantiene la firmeza de quien tiene claro que, a pesar de todo, la vida continúa.

«Mi casa está demolida, no es solo que tiene una etiqueta roja. No hay reparación, no hay nada (…) estamos en la calle», dijo a El Pitazo mientras señalaba las grietas que se han agrandado con el paso de los días.

Jenny es docente de educación inicial en una escuela que depende del Gobierno del Distrito Capital (GDC). Con 12 años de servicio, nunca imaginó que el inicio de un nuevo año escolar la encontraría refugiada en casa de vecinos y entre grietas, durmiendo sobre una colchoneta en el piso.

Con los terremotos, el edificio de cinco pisos donde residía sufrió daños estructurales insalvables: las paredes se aislaron de la estructura principal y los pisos quedaron prácticamente flotando.

Mi casa está demolida, no es solo que tiene una etiqueta roja. No hay reparación, no hay nada (…) estamos en la calle

Jenny Castro, educadora

Durante los días siguientes, en medio de la zozobra y con la ayuda de bomberos y rescatistas, Jenny logró ingresar rápidamente para salvar lo más urgente: sus documentos de identidad, títulos universitarios y algunas medicinas.

Lo que no sacó a tiempo, como camas y la mayoría de sus enseres, quedó atrapado en la estructura. El 28 de junio una comisión ordenó el desalojo definitivo.  Cuatro días después, funcionarios de servicios de la Alcaldía de Libertador demolieron parcialmente la edificación. Desde entonces, siete familias quedaron desamparadas.

La demolición también atrajo a la delincuencia y desintegró a su familia. El hijo de Jenny, de 15 años, fue enviado a Maturín para continuar sus estudios.

Yrina Ferman vivía en el mismo edificio de La Pastora. Es licenciada en Educación Inicial con más de 16 años de servicio y también labora en un preescolar adscrito al GDC.

Actualmente se encuentra en la casa hogar de las hermanas Carmelitas con su madre de 74 años y su tía de 75, quien está enferma. Con este panorama a cuestas, retomar la rutina escolar se ha convertido en una tarea compleja.

Enseñar desde las ruinas

El regreso a las aulas en el litoral central se dará bajo un panorama de contrastes. Según anunciaron el gobernador de La Guaira, José Alejandro Terán, y la autoridad Única de Educación, Daniel González, las clases presenciales iniciarán en 239 planteles que representan el 82,4 % de la infraestructura operativa.

En el estado, 122 escuelas se encuentran en proceso de reparación y otras 52 están inhabilitadas debido a daños estructurales severos o por funcionar actualmente como campamentos para los damnificados.

Uno de esos rostros que matizan el regreso a clases en La Guaira es el de Yasmín Urimare Ramírez, una docente que lo perdió casi todo durante la catástrofe. Tras el colapso de su vivienda en la urbanización Páez, Ramírez se vio obligada a trasladarse junto a su familia a una carpa en el campamento transitorio del estadio César Nieves, en Catia La Mar.

Fue precisamente en medio del desamparo donde la maestra se dio a conocer por su liderazgo comunitario, al habilitar una escuelita improvisada dentro del propio refugio para seguir atendiendo a los niños diariamente de manera voluntaria.

A pesar de las adversidades, el destino de la educadora sigue ligado a las aulas: la escuela para reincorporarse a sus labores queda ubicada justo frente al campamento donde hoy duerme.

Con la mirada puesta en el inicio del año escolar, Ramírez prioriza el impacto de su vocación: «Aunque es un poco duro, gracias a Dios estamos bien», sentencia.

Sin embargo, la resiliencia no se vive de la misma manera en todas las carpas. El panorama de Yoalis Requena refleja el reverso de una crisis que agota las fuerzas.

Ella también es damnificada en La Guaira, pero tiene claro que, en sus condiciones actuales, no cuenta con la paz mental ni los medios mínimos para pararse frente a un aula de clases.

El Centro de Educación Inicial Josefina Daviot donde labora quedó intacto después del desastre e incluso está cerca del refugio donde vive ahora, pero a ella le falta lo principal para trabajar: la estabilidad emocional.

Su realidad es la de un entorno devastado donde el 90 % de sus vecinos, familiares y antiguos alumnos murieron en cuestión de segundos. Para ella, la exigencia oficial de fingir normalidad choca de frente con su luto, el estrés y el impacto de haberlo perdido todo, incluyendo su vestimenta.

El día de la tragedia, una mezcla de intuición y la insistencia de una amiga llevaron a Yoalis a Naiguatá para celebrar los tambores de San Juan junto a su hermana, quien también es docente. Esa decisión las mantuvo a salvo del colapso que arrasó con las torres G y H de la Oppee 26 donde vivían.

El regreso a su sector se convirtió en una crisis nerviosa cuando Yoalis Requena vio su edificio reducido a escombros en el suelo. En medio del pánico, ayudó a sacar a vecinos heridos y a sofocar un incendio, descubriendo dos días después que lo que se quemaba era su propio cuarto.

«En el refugio no me mantengo mucho tiempo porque me da ansiedad. Todos los días vuelvo a Caribe ayudando a echar pico y pala, porque quedan muchas personas debajo de los escombros. Sé que la vida continúa, pero es difícil hacer borrón y cuenta nueva», relata la docente.

Para Yoalis Requena, el aula de clases tendrá que esperar. «Para mí no es posible llevar en este momento una vida normal hasta que no encontremos al último de los nuestros. Realmente yo no estoy preparada para iniciar el año escolar».

El caso de Yamilet Ugueto, otra maestra de La Guaira, ayuda a entender el fondo del problema. Ella es docente jubilada y, como casi todos los educadores del país, buscaba la forma de redondearse el sueldo dictando tareas dirigidas tres veces por semana en su casa. Pero el doble terremoto del 24 de junio la dejó sin salón y sin techo.

«Todos sabemos lo mal pagados que estamos los docentes y ni hablar de los jubilados. Hay mucha discriminación con nosotros, una vez que nos jubilan perdemos muchos beneficios», explica Yamilet, quien vivía desde hace 19 años en el piso tres de la Residencia Villamar, en Caribe.

El terremoto no tumbó el edificio, pero la primera revisión lo dejó en «etiqueta roja» por daños estructurales graves. Su apartamento quedó destrozado. Ese día se salvó junto a su familia porque estaban en los tambores de San Juan, pero, al día siguiente, cuando intentó entrar, los escombros no la dejaron pasar.

El desastre terminó separando a su familia. Yamilet tuvo que mudarse a Puerto Cabello, en Carabobo, con su esposo y su hijo menor, mientras que el mayor se quedó en Vargas ayudando en un centro de acopio. Desde afuera, ella sigue con la mirada puesta en las aulas y critica cómo se está organizando el regreso a clases, ya que hubo un recorte de dos días en el período vacacional. Pero más allá de las fechas, Yamilet asegura que en La Guaira las escuelas no están listas.

A esto se le suma la estabilidad emocional, un problema del que se habla poco.  «La salud mental de los niños, los docentes, los representantes y todo el personal está afectada. Con las constantes réplicas que se producen, los nervios siempre están a flor de piel», comenta. Para Yamilet, su fecha de regreso sigue en el aire.

Secuelas mentales y amedrentamiento laboral

Esta falta de condiciones y el daño psicológico se repiten en el testimonio de Rosa León, educadora de La Guaira y presidenta del Sindicato Venezolano de Maestros, seccional Vargas.

El 24 de junio, León estaba en su apartamento. El techo de su vivienda es el último piso del edificio y coincide con el tamaño del tanque de agua de su ala. Durante el evento, el tanque, que estaba lleno, reventó sus bases, cayó y golpeó el techo. «Gracias a Dios el techo resistió porque si no, mi historia sería otra», cuenta Rosa León a El Pitazo.

Pero el bloque quedó con etiqueta roja y ella no puede estar allí. Actualmente se queda en casa de un sobrino. Va un paso a la vez, reconociendo que la parte emocional es lo más difícil.

Apenas está comenzando a relajarse un poquito para dormir. Los primeros días le decía a su hija que hicieran guardia. Los ruidos y los sonidos del terremoto todavía quedan en su mente.

A la crisis emocional se le suma la económica. Con el salario docente es imposible cubrir la canasta básica, que se ubicó en 727,89 dólares en julio según el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros.

Por todo esto, León afirma que el estado La Guaira todavía está en emergencia y que el inicio de clases debe ser tratado de manera especial.

Para mí no es posible llevar en este momento una vida normal hasta que no encontremos al último de los nuestros. Realmente yo no estoy preparada para iniciar el año escolar

Yoalis Requena, educadora

Escuelas agrietadas

El regreso a las aulas también está marcado por una doble incertidumbre para el personal que conserva sus puestos de trabajo, pero teme por las condiciones físicas de las escuelas. En el caso de Jenny Castro e Yrina Ferman, el preescolar donde ambas laboran se encuentra clasificado con etiqueta amarilla y no han hecho las reparaciones todavía.

La falta de mantenimiento hace que duden de la seguridad del plantel. «Muchos papás no querrán mandar a sus hijos así hasta no tener algo seguro», advirtió Yrina.

Pese a que las autoridades conocen la situación, la respuesta institucional ha sido nula. Tampoco ha habido censos específicos para los docentes damnificados en sus planteles, ni acceso a los bonos de emergencia, reservados para quienes están en campamentos o refugios formales.

Ante la falta de auxilio estatal, la comunidad escolar ha sostenido a Jenny. Sus representantes de preescolar organizaron campañas de recolección. El apoyo fue tal, que pudo compartir las donaciones con los 17 niños damnificados de un colegio cercano.

La salud mental de los niños, los docentes, los representantes y todo el personal está afectada.  Con las constantes réplicas que se producen, los nervios siempre están a flor de piel

Yamilet Ugueto, educadora

Las trabas burocráticas

Para quienes lo perdieron todo en los terremotos la única opción viable para recuperar su hogar es optar por un crédito bancario de vivienda. Sin embargo, se enfrentan a un muro burocrático.

En el caso de Jenny Castro e Yrina Ferman el edificio demolido donde residían tenía casi un siglo de antigüedad y los documentos de propiedad seguían a nombre del dueño original, fallecido hace décadas y sin descendientes. Los recibos de servicios también figuran a nombre del difunto.

«A nosotros no nos dio chance de sacar nada. Sacamos de los escombros algunos recibos de luz para demostrar que teníamos más de 20 años viviendo allí", detalló Jenny. Los bancos exigen títulos de propiedad para otorgar créditos, un requisito imposible de cumplir para ella y su familia.

Ante esto, Jenny Castro hace un llamado urgente a las autoridades a flexibilizar los requisitos del banco. 

Yoalis Requena comparte el mismo escenario de angustia. Desde que perdió su hogar, vive sumergida en la incertidumbre y en una búsqueda contrarreloj por encontrar un alquiler o una vivienda estable que le permita recuperar la normalidad de su día a día.

Sin embargo, su mayor obstáculo ha sido el rechazo del mercado inmobiliario. Requena choca con la negativa de los propietarios de inmuebles, quienes se rehúsan a aceptar los créditos o subsidios habitacionales otorgados por el Gobierno.

Los testimonios recogidos por El Pitazo dejan claro que la emergencia escolar en Caracas y La Guaira va más allá de la infraestructura escolar dañada; se mide en el desgaste humano de quienes deben enseñar sin tener un hogar al cual regresar. Forzar la normalidad en las aulas ignorando la precariedad de sus guías es profundizar la grieta de la tragedia. La reconstrucción de la educación venezolana no empezará en los salones de clase, sino en la dignificación de los maestros que hoy caminan sobre los escombros.