Los educadores universitarios venezolanos que hoy están detenidos dedicaron décadas a la investigación, la enseñanza y la formación; sin embargo, la presión de la élite gobernante transformó sus roles de mentores y activistas en objetivos de persecución. De dictar cátedra a la generación del futuro pasaron a ser presos políticos
Ni pupitres ni libretas ni estudiantes. Los espacios donde se encuentran ya no son aulas; tampoco tienen puertas ni ventanas, ahora son rejas: están presos en cárceles venezolanas, aislados, sin cobijo familiar, sin acceso a la salud ni al debido proceso penal, pero su vocación de servicio sigue intacta, así como su lucha por vivir en un país donde se respeten los derechos humanos y pensar diferente.
Se trata de profesores universitarios que a lo largo de los años fueron voces críticas en la búsqueda de una Venezuela más justa y democrática. Dedicaron décadas a la investigación, la enseñanza y la formación de nuevas generaciones; sin embargo, el clima político actual transformó sus roles de mentores y activistas en objetivos de persecución. Todo por ejercer su derecho a manifestar sus ideas políticas.
Hoy estos docentes enfrentan cargos de terrorismo, traición a la patria, conspiración, asociación para delinquir, instigación al odio y resistencia a la autoridad. Los dos primeros delitos establecen penas de hasta 30 años de cárcel.
Entre los detenidos están el excandidato presidencial Enrique Márquez; el dirigente de Primero Justicia, Juan Pablo Guanipa; Eduardo Labrador y el economista Rodrigo Cabezas, todos catedráticos de la Universidad del Zulia. También el joven Jesús Armas, profesor de la Universidad Central de Venezuela, la abogada Rocío San Miguel y el activista Javier Tarazona.
Sus detenciones fueron arbitrarias e incluyeron desapariciones forzadas de corta duración, según un informe publicado por la organización Human Rights Watch, el 30 de abril de 2025.
La investigación vincula como responsables a las autoridades venezolanas y a grupos armados partidarios del gobierno, conocidos como «colectivos», con abusos generalizados de derechos humanos.
Una cifra en aumento
Hasta el 16 de junio de 2025, la organización no gubernamental Foro Penal contabilizó 932 presos políticos en Venezuela.
Esta cifra representa un aumento de 38 privados de libertad en comparación con un reporte emitido el 5 de mayo.
Este incremento revela que la persecución tras la elección presidencial del 28 de julio de 2024 continúa, tal y como lo han denunciado familiares y organizaciones no gubernamentales.
Cada detención se convierte en un símbolo de lucha por recuperar un país donde la libertad de cátedra y el respeto por los derechos humanos sean la norma y no la excepciónl pollo subió una barbaridad. La última vez que compré estaba en 125 bolívares, ahora mínimo son 150
Profesora de la UCV
Este grupo de 932 detenidos lo conforman 837 hombres y 95 mujeres, de los cuales 928 son adultos y cuatro adolescentes con edades de 14 a 17 años de edad. En esta lista están incluidos al menos 10 profesores universitarios.
«La vida de estos profesores cambió radicalmente, pero su compromiso con la educación y la justicia persiste. Cada detención se convierte en un símbolo de lucha por recuperar un país donde la libertad de cátedra y el respeto por los derechos humanos sean la norma y no la excepción», señaló a El Pitazo una profesora de la Universidad Central de Venezuela (UCV) que pidió mantener su nombre en reserva por temor a represalias.
La catedrática admite que tiene miedo y por eso prefiere el anonimato. Ha sido testigo del arresto de sus colegas, el cual califica injusto, pero prefiere cuidar su libertad, bajo el argumento de que en Venezuela no hay Estado de derecho.
«La injusticia ha llegado a las aulas, debido a la actuación de un régimen autoritario que no acepta la disidencia. Es triste ver como profesores de un nivel académico tan alto, como el que tienen los de educación superior, hoy están viviendo una pesadilla en un calabozo», apuntó el 17 de junio.
Jesús Armas: se lo llevaron hombres enmascarados
En la Escuela de Estudios Políticos de la UCV falta el profesor Jesús Armas (38 años), desde el 10 de diciembre de 2024. Ese día fue detenido por seis hombres enmascarados, armados y vestidos con uniformes, sin insignias oficiales, en un local en Las Mercedes de Caracas.
Amenazaron a los clientes para que guardaran silencio y, sin una orden judicial, se lo llevaron esposado, a la fuerza, en un vehículo sin placa.
La activista Sairam Rivas, integrante del Comité por la Libertad de los presos Políticos y pareja de Armas, denunció que fue torturado en una casa clandestina del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). El Ministerio del Interior y Justicia lo señala de contratar personas con el fin de provocar disturbios en el país.
«Es un profesor decente, honorable, que defiende la libertad y la democracia; valores esenciales de esta casa de estudios», indicó Israel Rodríguez, presidente del Centro de Estudiantes de la Escuela de Estudios Políticos de la UCV, a través de un video en la cuenta @vivalaucv en la red social X.
Armas es ingeniero industrial egresado de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). En esa sede educativa comenzó su trayectoria como dirigente estudiantil en 2007. En ese entonces, el movimiento estudiantil comenzaba a desafiar las políticas del expresidente Hugo Chávez.
Se integró a las filas del partido Primero Justicia, fue elegido concejal del municipio Libertador de Caracas en 2013 y fundó la ONG Ciudadanía Sin Límites para promover la causa de la libertad, los derechos humanos y la democracia en Venezuela.
En 2024 formó parte del equipo político de María Corina Machado y de la campaña de Edmundo González Urrutia.
Su arresto le impidió cursar un máster en Política Internacional de la Universidad de Stanford. Para Isabel Carlota Roby, abogada senior de la organización estadounidense Robert F. Kennedy (RFK) Human Rights, «el caso de Jesús Armas es otro recordatorio contundente de que Venezuela sigue siendo un lugar peligroso para quienes defienden la democracia y los derechos humanos».
Rodrigo Cabezas: el exministro que renunció para dar clases
El economista Rodrigo Eduardo Cabezas Morales también está preso. El 12 de junio de 2025 fue citado a la sede de la estatal eléctrica Corpoelec, en Maracaibo, capital del estado Zulia, tras sufrir un corte de luz en su casa. En esta dependencia fue detenido por el Sebin, según la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos.
Cabezas es docente e investigador de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad del Zulia desde hace al menos 40 años. Estuvo al lado de Hugo Chávez desde los comienzos de la revolución bolivariana. Fue fundador del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), diputado, presidente del Parlamento Latinoamericano y ministro de Finanzas entre 2008 y 2009. En 2018, desilusionado, se fue apartando de esta corriente política para volver a las aulas.
Sin un ambiente libre no hay ciencia creadora. Sin ella no hay innovación y sin investigación e innovación no hay desarrollo. Sin desarrollo no hay bienestar para la gente ni futuro para el país
José Gregorio Afonso, presidente de la APUCV
Su arresto ocurrió en un contexto de tensiones políticas y económicas en el país. Desde la última semana del mes de mayo se reportaron arrestos de personas relacionadas con actividades económicas, específicamente con páginas web que servían de referencia para fijar el precio de esta moneda en las transacciones fuera del mercado oficial o por vender por encima del costo establecido por el Banco Central de Venezuela (BCV).
Una semana después de su detención, Marino Alvarado, coordinador de Exigibilidad Legal del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), denunció un preocupante «desbordamiento represivo» por parte del Estado venezolano. Para entonces al menos cinco economistas en el país estaban presos.
A juicio de Alvarado esta ola represiva busca silenciar cualquier crítica sobre la situación económica y social del país.
Los exrectores de la Universidad del Zulia (LUZ), Ángel Lombardi y Neuro Villalobos, también manifestaron su preocupación por la captura de Cabezas y destacaron los logros de este profesional «que ha representado a la comunidad universitaria con dignidad y honestidad como catedrático».
Eduardo Labrador, Enrique Márquez y Juan Pablo Guanipa
Lombardi y Villalobos abogaron además por la liberación del profesor de esta casa de estudios, Eduardo Labrador, un dirigente político, disidente de las filas del chavismo, que fue detenido el 18 de octubre de 2024 por la Policía del estado Zulia cuando se dirigía a pasar unos días con su familia en Medellín, Colombia.
En las aulas de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de esta universidad también dicta cátedra Enrique Márquez, quien fue detenido el 6 de enero de 2025, acusado por el oficialismo de planear un supuesto golpe de Estado el día de la toma de posesión presidencial.
Como sus colegas, Márquez abandonó su rutina diaria a la fuerza para enfrentarse a un encierro obligado, sin contacto familiar.
El mismo aislamiento lo enfrenta el abogado, periodista y profesor de derecho constitucional en la LUZ, Juan Pablo Guanipa, desde el 23 de mayo.
«A todos los une algo más que su vocación académica: fueron detenidos por razones políticas, bajo régimen de aislamiento prolongado, sin garantías mínimas, sometidos a la arbitrariedad y a la violación de sus derechos fundamentales», destacó la dirigente de Primero Justicia y exdiputada a la Asamblea Nacional, Elimar Díaz, en un video colgado en la cuenta en X del partido.
En opinión de esta organización política «desde el régimen quieren que la Universidad del Zulia sea una institución sin voz ni dignidad, pero eso no lo vamos a permitir».
Carlos Gómez Durán y Rafael Torres
En la lista de profesores detenidos también está el nombre de Carlos Alberto Gómez Durán (57 años), egresado de la Universidad de Los Andes, donde estudió Educación, mención Matemática.
Este profesor, con al menos 25 años de servicio y presidente del Sindicato Unitario del Magisterio (SUMA) en Mérida, fue detenido en su casa el 23 de mayo de 2025.
«Desde que tengo memoria lo he visto entregarse a su comunidad, a su familia, a las personas que lo necesitan, ya que tiene un corazón tan grande que ha sido impulsado a servir, educar, y ayudar. Es una persona de valores firmes, de convicciones claras, un hombre transparente, sencillo y un padre excepcional. Es un sindicalista, no es un delincuente», destacó una de sus dos hijas a través de las redes sociales.
Catorce días antes del arresto de Gómez, funcionarios policiales aprehendieron al profesor universitario Rafael Torres en Los Teques, estado Miranda. El procedimiento fue el mismo: a la fuerza, sin orden judicial y sin permitirle una llamada para avisarles a sus familiares.
Sin libertad no hay ciencia creadora
En opinión de José Gregorio Afonso, presidente de la Asociación de Profesores de la UCV (APUCV), la detención de catedráticos universitarios y las amenazas públicas atentan contra la libertad académica y socavan el Estado de derecho.
«La libertad académica no es sólo una condición que se desprende del carácter autonómico de las universidades, sino que, además, es un derecho humano, tal y como lo reconoció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos», explicó a El Pitazo el 18 de junio.
Además de los casos de los profesores Rocío San Miguel, Jesús Armas, Javier Tarazona y Rodrigo Cabezas, Afonso se refirió al «hostigamiento permanente contra la vivienda del profesor Juan Barreto», y remarcó que las amenazas a los académicos por expresar sus opiniones constituyen una política de Estado en Venezuela.
Afonso mencionó que para la APUCV estas detenciones y amenazas han sido un factor permanente de preocupación y, en nombre de la agrupación, reiteró el llamado para que estos profesores sean liberados.
«Sin un ambiente libre no hay ciencia creadora. Sin ella no hay innovación y sin investigación e innovación no hay desarrollo. Sin desarrollo no hay bienestar para la gente ni futuro para el país», consideró Afonso.
Perkins Rocha: catedrático con 30 años de experiencia
Los profesores universitarios detenidos no solo enfrentan condiciones inhumanas en cárceles precarias, sino que también sufren las consecuencias de la falta de atención médica adecuada. Esta situación ha convertido su encarcelamiento en una condena anticipada.
Perkins Rocha es abogado y profesor universitario de pregrado y posgrado de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), en Caracas. Es especialista en derecho público, administrativo y procesal constitucional, con más de 30 años de experiencia.
Tiene una válvula en el cerebro y su condición de salud es delicada, por lo que amerita una evaluación de su médico de confianza.
La injusticia ha llegado a las aulas, debido a la actuación de un régimen autoritario que no acepta la disidencia
Profesora de la UCV
Sin embargo, el Estado no ha prestado atención a ese requerimiento. Por el contrario, Rocha fue privado de libertad durante su audiencia de presentación, en la que no contó con defensa privada.
«Si estar en una cárcel es duro, más triste es enfermarse o morir en ella», coinciden los familiares de los presos políticos.
A ello se suma que las condiciones de reclusión son un caldo de cultivo para que proliferen enfermedades y se podrían agravar sus cuadros clínicos.
Según el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) todas las personas que han sido arrestadas arbitrariamente se encuentran en espacios infrahumanos, sin acceso a evaluaciones médicas o psicológicas.
A juzgar por esta afirmación del OVP, las reglas Nelson Mandela son ignoradas en el país. Desde la regla 25 hasta la 35 habla de los servicios médicos en las cárceles y de la prontitud con la que deben ser atendidos los casos urgentes, pero, en Venezuela, esas normas son letra muerta.
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