Un grupo de mujeres denuncia que fueron estafadas a través de paquetes de financiamiento para cirugías estéticas. Ante la falta de respuestas de la empresa, acudieron a las sedes de la Fiscalía Superior del Estado Carabobo y del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) para exigir que se agilicen las averiguaciones.
La denuncia va dirigida contra “Cirugías por Abonos Venezuela" (Corporación CPA 23 C.A.), firma responsable de presuntamente captar a las clientes y cobrarles por cirugías que nunca se realizaron, acumulando un monto que supera los 100.000 dólares, según las denunciantes.
De acuerdo con las declaraciones y las actas consignadas por las afectadas, la empresa captaba a las pacientes ofreciéndoles la posibilidad de costear procedimientos de alta demanda —tales como mastopexias, dermolipectomías y liposucciones— mediante el pago de cuotas programadas, de acuerdo con una publicación del medio Noticias Carabobo.
No obstante, una vez que las usuarias liquidaban la totalidad del monto o alcanzaban la fecha fijada para los exámenes preoperatorios, las intervenciones se postergaban bajo el argumento de supuestas «listas de espera«.
Las afectadas publicaron una serie de videos donde relataron sus casos. Entre los testimonios públicos se encuentra el de Samira Camacho, residente del estado Lara, quien denunció haber sido estafada con la cantidad de 3.500 dólares. Asimismo, manifestaron su condición de víctimas Yusmari Pernía del estado Carabobo, junto a Nicol Carpio y Norkelys Correa, quienes se trasladaron desde Caracas para sumarse al reclamo colectivo, entre otras.
“No se trata de una campaña de difamación, sino que estamos peleando por nuestros derechos. Estamos velando por nuestra tranquilidad porque ya llevamos meses a la espera y estamos angustiadas, ansiosas y estresadas; esto no tiene nombre", manifestó Correa en una de las declaraciones difundidas.
Conmoción en Anzoátegui: oficial de Polisotillo asesina a su pareja y a sus dos hijastras
El impacto económico
Hasta la fecha, se calcula que el número de víctimas podría ascender a 25 personas. Las denunciantes manifestaron además que, tras reclamar el incumplimiento del contrato, sostuvieron reuniones de conciliación para coordinar la devolución del dinero; sin embargo, los reembolsos acordados nunca se ejecutaron.
En los expedientes introducidos ante la justicia se apunta de forma directa a la ciudadana Viviana Mirianny Fuentes Moreno, identificada como asesora y representante de la organización.
La captación y las consultas de la corporación se llevaban a cabo entre la torre empresarial del C.C. Concepto La Granja, en el municipio Naguanagua, y el C.C. Reda Building, ubicado en Valencia, según la información publicada por Noticias Carabobo.
Avanzan las diligencias policiales
Los reclamos formales ingresaron al despacho fiscal a finales de agosto de 2026 y posteriormente fueron remitidos a la Dirección de Investigaciones Penales (DIP) con sede en El Viñedo.
Fuentes vinculadas al caso confirmaron que los cuerpos policiales ya iniciaron las citaciones correspondientes a los profesionales de la salud que mantenían nexos o alianzas comerciales con la empresa señalada.
El grupo de afectadas concluyó con un exhorto público a las máximas autoridades judiciales del estado para que aceleren las diligencias procesales, se establezcan las responsabilidades penales del caso y se garantice la restitución de sus recursos financieros.