Familiares denuncian que la GN detuvo nuevamente a dos expresas políticas que habían sido liberadas

Rosani Medina y Rusmarely Zacaria fueron detenidas en agosto de 2024 y el 3 de septiembre recibieron una medida de excarcelación. Después de esto, los funcionarios volvieron a detenerlas

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Caracas.- Funcionarios de la Guardia Nacional en Delta Amacuro detuvieron a las primas Rosani Medina y Rusmarely Zacaria luego de que fueron absueltas de los cargos que las mantenían privadas de libertad desde agosto de 2024, según denunciaron sus familiares.

“El 3 de septiembre fueron trasladadas a tribunales y se les leyó una sentencia absolutoria a ambas. Sus familiares tienen copia y anexo a estas sentencias. Sin embargo, a pesar de haber sido notificadas de la decisión absolutoria, fueron detenidas nuevamente sin razón legal alguna", denunció en redes sociales la activista María Gabriela Hernández del Castillo, ex diputada de la Asamblea Nacional, a petición de los familiares de las presas políticas.

Medina y Zacaria fueron detenidas en agosto de 2024 durante el allanamiento de un inmueble por efectivos de la Guardia Nacional en Barrancas del Orinoco, estado Monagas. Las jóvenes, quienes trabajaban como manicuristas, fueron trasladadas hasta el Destacamento 611 de la Guardia Nacional en Tucupita, Delta Amacuro, donde permanecen detenidas.

A ambas les imputan los delitos de terrorismo, incitación al odio y traición a la patria por su presunta vinculación con la planeación de un atentado contra el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello.

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Derechos violados

Según María Gabriela Hernández, las jóvenes figuran en las listas de presos políticos. “Han sufrido toda clase de abusos y privaciones a todos sus derechos", denunció la activista en un video en sus redes sociales en el que muestra el momento en el que los funcionarios de la Guardia Nacional detienen de nuevo a las mujeres.

La ONG Foro Penal indicó que en Venezuela hay 328 presos políticos, de los cuales 317 son hombres y 11 son mujeres, según un boletín con fecha de corte hasta el pasado 31 de agosto.

La administración de Delcy Rodríguez niega que en Venezuela haya presos políticos y asegura que son personas que cometieron delitos, una afirmación que rechazan partidos opositores y organizaciones derechos humanos.

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