Caracas.- La organización Transparencia Venezuela en el exilio publicó un informe donde denuncia que la extorsión se ha convertido en una economía ilícita normalizada desde el propio Estado venezolano. El estudio, titulado «Las caras de la extorsión en Venezuela 2024», revela la indefensión de los ciudadanos ante la práctica extorsiva ejercida tanto por grupos criminales como por funcionarios corruptos del poder público a nivel nacional, regional y local.
El informe destaca la gravedad de la situación cuando funcionarios del sistema de justicia, organismos de seguridad y defensa están involucrados, exponiendo a los venezolanos a graves riesgos contra su libertad y su vida.
«Para los venezolanos se ha vuelto común convivir con distintas formas de extorsión. Desde la que cometen las organizaciones criminales que hacen vida en el país, hasta la que se ejecuta desde los mismos entes del Estado, por algunos funcionarios corruptos que permiten la actuación de los criminales favoreciendo la impunidad y por otros que se han convertido en perpetradores directos del crimen o facilitadores», señala el estudio.
Transparencia Venezuela se exilia para seguir denunciando la corrupción
Aunque la falta de acceso a información pública dificulta cuantificar el impacto económico de la extorsión, los datos preliminares indican un aumento y diversificación de los actores y modalidades. El informe identifica cuatro tipos principales de extorsión que involucran a funcionarios corruptos:
- Extorsión poselectoral de 2024: denuncian que tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, se registraron casos de policías, militares, fiscales y jueces exigiendo entre 300 y 15.000 dólares para liberar a personas detenidas en protestas, bajo la amenaza de involucrarlos en delitos graves.
- Extorsión de funcionarios de seguridad y defensa y del sistema de justicia: se documentan casos de fiscales, defensores públicos, policías y militares involucrados en extorsiones en diversos ámbitos, incluyendo la detención de funcionarios judiciales en Zulia por intentar cobrar 100.000 dólares para agilizar un proceso.
- Extorsión en aduanas: el informe estima que en 2024, las ganancias irregulares por extorsión en puertos alcanzaron los 504 millones de dólares por tarifas ilegales cobradas por cargamento.
- Extorsión en trámites, documentos y otros servicios públicos: se denuncia cómo funcionarios de registros, notarías, organismos tributarios y entes de servicios públicos condicionan la atención y los resultados de trámites a pagos en divisas o especies.
Transparencia Venezuela advierte que sin una reforma estructural que rompa la conexión entre la economía criminal y la institucionalidad estatal, cualquier intento de control será ineficaz. El informe también analiza el impacto de la extorsión en los derechos humanos de los venezolanos, calificando al Estado como «enemigo de sus ciudadanos» al incumplir garantías fundamentales y no ofrecer reparación a las víctimas.
En cuanto a la extorsión por parte de grupos criminales, el informe identifica al menos diez tipos de víctimas, incluyendo familias vulnerables, transportistas, pescadores, productores agropecuarios y comerciantes. Se mencionan grupos como la guerrilla colombiana, bandas regionales y megabandas como el Tren del Llano, el Tren de Guayana y el Tren de Aragua.
Finalmente, el informe evalúa la normativa venezolana y las debilidades de los organismos encargados de combatir la extorsión, señalando la falta de delimitación de competencias, información incompleta y la sanción de algunas autoridades por otros delitos en jurisdicciones extranjeras.
Puede ver la información detallada del informe en este enlace.
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