La ONG venezolana Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) pidió a Nicolás Maduro que permita a la activista Rocío San Miguel, detenida hace casi un año, acceder a médicos de confianza para ser operada en libertad de una fractura que sufrió en el hombro derecho.
A través de X, este 6 de febrero, la ONG indicó que San Miguel no puede ser sometida a una intervención por quienes demoraron meses en atenderla, luego de que el abogado de la activista Juan González Taguaruco, aseguró en diciembre que fue diagnosticada cuatro meses después de que sufrió la fractura.
«En reclusión no hay condiciones para el posoperatorio ni una rehabilitación digna. Ella tiene derecho a médicos de su confianza, no a un sistema que le niega una atención efectiva y oportuna», agregó Provea.
A juicio de la ONG, la activista, recluida en El Helicoide, no puede ser sometida a cirugía en un centro con antecedentes de tortura y sin garantías para su integridad física. Provea afirmó que San Miguel es inocente y pidió respeto al debido proceso.
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«Hoy, el gobierno de Maduro la acusa de terrorismo y traición a la patria por su trabajo como defensora frente a su organización Control Ciudadano, donde Rocío documentaba, investigaba e informaba sobre defensa, soberanía nacional y temas militares», señaló la ONG.
En diciembre de 2024, el abogado de San Miguel explicó a EFE que la activista sufrió la fractura al caerse, consecuencia de un mareo producido por una laberintitis que no fue debidamente atendida y, desde entonces, se quejaba del dolor y era tratada con analgésicos.
«Si la fractura fue diagnosticada cuatro meses después, ¿qué garantías tenemos de una atención médica de calidad y que recibirá los tratamientos posoperatorios y la rehabilitación?», dudó González Taguaruco entonces.
San Miguel fue detenida el 9 de febrero en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía, cuando se disponía a viajar en compañía de su hija, y acusada por la Fiscalía de conspiración contra Nicolás Maduro.
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