El Colegio Nacional de Periodistas (CNP), seccional Caracas, solicita que se otorgue una medida humanitaria a la activista de derechos humanos y presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, quien cumplirá un año presa el 9 de febrero.
“No se ha iniciado formalmente el juicio; no se le permite asistencia de abogados de su confianza. Requiere atención médica urgente por fractura de hombro derecho hace más de 6 meses", escribió en su cuenta en X el CNP Caracas, este 4 de febrero.
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De acuerdo con el cuerpo colegiado, a San Miguel no se le ha garantizado el debido proceso. “Pedimos una medida humanitaria que le permita ser atendida por médicos de su confianza y operada en libertad", destacó el CNP Caracas.
La abogada Rocío San Miguel fue detenida el 9 de febrero de 2024 en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía, cuando se disponía a viajar con 5 de sus familiares, entre ellos, su hija, Miranda Díaz San Miguel.
Las autoridades la acusaron de una presunta conspiración para atentar contra la vida de Nicolás Maduro. Desde entonces, sus abogados no han podido acceder al expediente del caso ni asistirla legalmente.
Desde Control Ciudadano, San Miguel denunció hechos que involucran sobre todo al componente militar. En una de sus últimas apariciones públicas, una semana antes de su detención, informó, en su cuenta de la red social X, el despliegue de un sistema antiaéreo por la Fuerza Armada Nacional (FAN) en Güiria, estado Sucre, al oriente del país.
La jurista, quien cuenta también con la nacionalidad española, ha sido reconocida como analista experta e independiente en temas políticos y militares en Venezuela, a lo largo de su carrera.
Organizaciones internacionales de derechos humanos, como Amnistía Internacional y la Misión Independiente de la ONU para Venezuela, también han solicitado la liberación inmediata e incondicional de San Miguel, citando medidas cautelares de protección otorgadas para ella por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2012.
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