Caracas.- La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) exigió justicia plena para el concejal Fernando Albán, cuya muerte bajo custodia estatal, ocurrida el 8 de octubre de 2018, sigue siendo un punto de controversia para los venezolanos. A pesar de las condenas a dos funcionarios, la organización insiste en que la verdad completa sobre lo sucedido que, a su juicio, aún no ha sido revelada.
«Hoy recordamos a Fernando Albán, quien murió en custodia del Estado cuando se encontraba injustamente tras las rejas», expresó la JEP a través de su cuenta en la red social X, este martes 8 de julio.
Una muerte llena de dudas
El caso de Fernando Albán ha dejado muchas interrogantes sobre los derechos humanos y la situación de los detenidos en Venezuela.
El 5 de octubre de 2018, Fernando Albán fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía a su regreso de un viaje a Nueva York, donde había participado en eventos relacionados con la Asamblea General de la ONU.
Su detención se enmarcó en una investigación del gobierno que lo vinculaba a un supuesto atentado con drones contra Nicolás Maduro. Desde el inicio, sus allegados consideraron la acusación como una estrategia para criminalizar su actividad política.
Tres días después, el 8 de octubre de 2018, el concejal Albán falleció mientras se encontraba bajo custodia en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), ubicada en Caracas.
La versión oficial, dada a conocer por el fiscal Tarek William Saab, afirmó que Albán se suicidó al lanzarse desde el décimo piso del edificio. Según esta versión, el concejal habría aprovechado un momento en el baño para quitarse la vida.
Sin embargo, esta versión oficial fue inmediatamente rechazada por la oposición venezolana, la familia de Albán y numerosas organizaciones de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales.
El partido Primero Justicia, al que pertenecía Albán, fue uno de los primeros en exigir una investigación exhaustiva e independiente.
En enero de 2019, la exfiscal de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, acudió a la Corte Penal Internacional (CPI) para denunciar la muerte de Albán, buscando una investigación a nivel internacional ante la falta de confianza en la justicia venezolana.
Mientras que en diciembre de 2021, más de tres años después de la muerte de Albán, el Fiscal General Tarek William Saab anunció la condena de dos funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin).
Uno de ellos fue condenado a cinco años y el otro a diez años de prisión. Los delitos imputados fueron homicidio culposo (negligencia), quebrantamiento de las obligaciones de custodia, agavillamiento y y favorecimiento de fuga agravada.
A pesar de estas condenas, tanto la familia de Albán como el partido Primero Justicia y diversas ONG, incluida JEP, consideran que estas sentencias son insuficientes y no esclarecen la responsabilidad intelectual ni las verdaderas circunstancias de su muerte.
Con información de EFE
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