Caracas.– La administración del Donald Trump estuvo cerca de concretar un acuerdo para la liberación de varios estadounidenses y decenas de presos políticos en Venezuela. Sin embargo, la falta de coordinación y el conflicto entre altos funcionarios habrían frustrado la operación, según una investigación de The New York Times. La propuesta original incluía el intercambio por unos 250 migrantes venezolanos deportados a El Salvador, quienes permanecen en una prisión de máxima seguridad.
Según dos funcionarios estadounidenses y otras dos fuentes familiarizadas con las negociaciones, existían dos vías diplomáticas paralelas y contradictorias. Una de ellas era supervisada por el entonces secretario de Estado, Marco Rubio, quien gestionaba el canje de los presos estadounidenses y venezolanos a cambio de los migrantes deportados. Esta negociación, avanzada por el Departamento de Estado y John McNamara (encargado de negocios de la embajada de EE. UU. en Bogotá que también supervisa asuntos venezolanos), estuvo a punto de concretarse en mayo, con planes de envío de aviones simultáneos a El Salvador y Caracas para el intercambio.
Paralelamente, Richard Grenell, enviado del presidente Trump a Venezuela, trabajaba en su propio acuerdo. Su propuesta, considerada más atractiva por Venezuela, ofrecía permitir a Chevron continuar sus operaciones petroleras en el país —una vital fuente de ingresos para el gobierno de Maduro— a cambio de los presos estadounidenses y la liberación de unos 80 presos políticos venezolanos. Grenell habría creído contar con el apoyo de Trump, aunque no tenía la aprobación presidencial final.
Ambas vías implicaban conversaciones con el mismo representante venezolano, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional.
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Descoordinación y consecuencias
Según el trabajo de The New York Times, la falta de comunicación y la pugna entre los funcionarios estadounidenses generaron confusión en el lado venezolano y, en última instancia, mantuvieron a los prisioneros estadounidenses y venezolanos encarcelados. Familiares de los detenidos estadounidenses, como Petra Castañeda, madre de Wilbert Castañeda (un Navy SEAL detenido en Venezuela), expresaron su frustración por la «falta de coordinación» entre los negociadores.
La Casa Blanca de Trump, que públicamente afirmó no tener control sobre los detenidos en El Salvador, estuvo dispuesta a utilizarlos como «moneda de cambio». Estados Unidos ha estado pagando millones de dólares al gobierno salvadoreño para detener a estos migrantes, a quienes el gobierno de Trump vincula con la pandilla Tren de Aragua, aunque se han aportado pocas pruebas y sus abogados denuncian detenciones ilegales.
Posturas encontradas y futuro incierto
Mientras Rubio y otros republicanos cubanoamericanos han apoyado tradicionalmente un enfoque de sanciones y aislamiento hacia Venezuela, Grenell ha mostrado mayor disposición a negociar con el gobierno de Maduro, logrando incluso la liberación de seis estadounidenses en enero y de Joseph St. Clair en mayo, en misiones separadas.
Desde el primer mandato de Trump, el gobierno de Maduro ha sido acusado por analistas de seguridad y grupos de derechos humanos de «acorralar a extranjeros en su territorio y encarcelarlos para utilizarlos en negociaciones con gobiernos extranjeros». El Foro Penal, una ONG venezolana, reporta actualmente 85 personas con ciudadanía extranjera detenidas «injustamente» en Venezuela.
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