Caracas.- La Misión Independiente de Determinación de los Hechos para Venezuela de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) realizó este martes 18 de marzo una actualización oral de su informe ante el Consejo de Derechos Humanos en el que señaló que en el país continúa la persecución por motivos políticos en relación con el delito de encarcelación o privación grave de la libertad física.
«Señor presidente (del Consejo de Derechos Humanos), durante el período de esta actualización, las detenciones arbitrarias de personas opositoras o percibidas como tales han continuado y se han incrementado durante el periodo inmediatamente anterior a la investidura presidencial el 10 de enero de 2025. Las protestas antigubernamentales previas a la investidura presidencial fueron reprimidas por fuerzas de seguridad y grupos de civiles, presumiblemente colectivos. Se registraron situaciones violatorias de derechos humanos, especialmente detenciones arbitrarias», dijo en su actualización la presidenta de la Misión, Martha Valiñas.
De igual forma, la Misión dijo que desde su nombramiento en agosto pasado como ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, «Diosdado Cabello dirige también formalmente el centro del aparato represivo del Estado. Cabello continúa amenazando públicamente a personas opositoras o percibidas como tal».
La Misión recordó que el Consejo Nacional Electoral, desconociendo lo que establece la legislación electoral venezolana, nunca publicó el acta de totalización de votos ni las actas de escrutinio por mesa luego de la elección presidencial del pasado 28 de julio. «La Comisión ha recibido testimonios creíbles y corroborados de que miembros del Consejo recibieron instrucciones políticas para anunciar un resultado distinto al que se obtuvo en las urnas».
Según datos de la Misión, entre septiembre y diciembre de 2024, las fuerzas de seguridad e inteligencia detuvieron a unos 42 opositores o percibidas como tales, entre ellos dirigentes, activistas políticos y 14 periodistas.
Valiñas también dijo que la Misión investiga varios casos en los que se continúa aplicando la práctica de detener a familiares de líderes políticos de oposición y de actores de la sociedad civil, entre ellos la detención de Rafael Tudares, yerno de Edmundo González Urrutia.
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Fallecidos en protestas poselectorales
Valiñas indicó que la Misión continúa investigando las muertes registradas en las protestas después de la elección presidencial y averiguando la posible responsabilidad de agentes del Estado en estos casos. En ese sentido, relató que a mediados de agosto de 2024, el Fiscal General señaló que se habían llevado a cabo un gran número de diligencias y experticias respecto de esas muertes.
«Sin embargo, la información que se hizo pública es mínima y está casi exclusivamente relacionada con la muerte de dos miembros de la Guardia Nacional Bolivariana y de dos militantes del Partido del Gobierno».
Señala que varias fuentes continúan renuentes a brindar información a la Misión por temor a posibles represalias tras haber sido advertidas por las autoridades de no divulgar ningún dato al respecto. «A pesar de ello, la Misión ha alcanzado hallazgos preliminares sobre estos casos, que seguirá investigando en los próximos meses. Uno de los casos es de la muerte de siete personas ocurrida en el marco de la protesta del 29 de julio en inmediaciones del obelisco de San Jacinto en la ciudad de Maracay, estado Aragua».
La Misión aseguró que analizó más de 80 videos y más de 100 fotografías sobre estos hechos, y confirmó que miembros de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), incluido el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas), encargados del control de la protesta, portaban armas de fuego, incluidas escopetas, pistolas y fusiles, además de material antidisturbios como lanzagranadas para gases lacrimógenos.
«Dos personas civiles resultaron muertas por impactos de bala. En estos eventos también resultó muerto el sargento primero José Antonio Torrens de la Guardia Nacional Bolivariana. La Misión ha identificado a cuatro generales, un coronel y un teniente coronel, del Ejército y de la GNB, involucrados en las tareas de orden público en el marco de esta protesta, dos de ellos se encontraban dentro de una instalación militar desde donde se disparó a las personas que se manifestaban», dijo Valiñas.
La Misión también mencionó la muerte de cuatro personas bajo custodia del Estado por complicaciones de salud. Destacó que las autoridades no proporcionaron a la Misión información sobre estos fallecimientos.
«La Misión reitera su llamado a que las autoridades brinden atención médica adecuada y oportuna a todas las personas detenidas. Igualmente, la Misión está investigando la muerte de Edwin Santos, miembro del Partido Voluntad Popular en el estado de Apure, que apareció sin vida el 25 de octubre», agregó.
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