Detrás de la antigua sede de RCTV, en Quinta Crespo, Caracas, funciona el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS-GAES 43).
Pero debajo de sus instalaciones existe un lugar del que poco se conoce. Un sótano con pequeñas celdas donde permanecen recluidos militares, exmilitares y civiles y en el que familiares de algunos detenidos denuncian condiciones inhumanas de reclusión, aislamiento, torturas y presiones relacionadas con la entrega de bienes.
Este domingo, 9 de agosto, a las 6:00 pm, Mapas de Poder, el programa de investigación de El Pitazo, reconstruye lo ocurrido en estas instalaciones y las denuncias alrededor de un grupo de detenidos que estuvo vinculado, directa o indirectamente, con estructuras del propio Estado venezolano.
De funcionarios del Estado a detenidos
La investigación parte de una serie de procedimientos realizados a partir de marzo de 2025 contra militares, exmilitares, empresarios y personas relacionadas con estructuras que habían operado durante la gestión de Remigio Ceballos Ichaso en el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz.
Al menos cinco de ellos terminaron bajo custodia del CONAS en Quinta Crespo. Entre los detenidos aparecen los hermanos Leonardo y Daniel Necol Buttafuoco, vinculados con empresas del sector de seguridad privada; el capitán de fragata José Ernesto Patete Escalona; el teniente de navío retirado Raúl Eduardo Díaz Casado y el civil Richard Pérez.
A los cinco les fueron imputados distintos delitos relacionados con asociación para delinquir, contrataciones públicas, beneficios económicos de funcionarios y legitimación de capitales.
**Esta investigación no pretende establecer la inocencia ni la responsabilidad penal de ninguno de los detenidos. **Determinar si cometieron o no los delitos que les atribuyen corresponde a los tribunales y debe hacerse mediante un proceso judicial ajustado a derecho. Pero incluso si fueran responsables de los hechos por los cuales son acusados, eso no elimina sus derechos.
Las garantías establecidas en las leyes venezolanas deben aplicarse a cualquier persona, civil o militar, sometida a un proceso penal: derecho a la defensa, debido proceso, integridad física, atención médica y prohibición de torturas o tratos crueles.
Una acusación penal no puede convertirse en autorización para torturar, desaparecer temporalmente a una persona, negarle atención médica o apropiarse de sus bienes al margen de una decisión judicial.
Las denuncias sobre el sótano
Familiares describen celdas sin ventilación ni luz solar, humedad, presencia de roedores e insectos y períodos prolongados sin acceso al exterior.
También denuncian visitas familiares extremadamente restringidas.
Uno de los casos documentados en el programa es el del capitán de fragata José Ernesto Patete Escalona, exadministrador del Ministerio de Interior y Justicia y expresidente de la Fundación Gran Misión Cuadrantes de Paz.
Su esposa, Enderlyn Moreno, ha denunciado ante organismos internacionales torturas, aislamiento, deterioro de su salud y presiones relacionadas con propiedades familiares.
El equipo de investigación de El Pitazo solicitó información al Ministerio de Relaciones Interiores y a la Guardia Nacional Bolivariana sobre los señalamientos recogidos en el reportaje. Al cierre de la investigación no había recibido respuesta oficial.
Mapas de Poder: ¿Sótano del terror?
La investigación estará disponible hoy, domingo 9 de agosto, a las 6:00 pm, en el canal de YouTube de El Pitazo.
Y a las 7:00 pm: la negociación venezolana, en La Conversa de ARI
Una hora después, a las 7:00 pm, el director de El Pitazo participará en La Conversa de ARI con La Luz (Runrunes, TalCual y El Pitazo junto a Efecto Cocuyo), para analizar el momento de la mesa de negociación y las interrogantes que existen alrededor de este nuevo proceso.
La conversación contará con la participación de los analistas Benigno Alarcón y Edgard Gutiérrez, para discutir qué puede esperarse de la negociación, cuáles son los obstáculos y qué implicaciones puede tener para el futuro político venezolano.