Caracas.- En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS Venezuela) emitió una alerta sobre el alarmante estado de la libertad de expresión en el país. Durante los primeros cuatro meses de 2025, la organización documentó 95 violaciones contra este derecho fundamental, lo que confirma que ejercer el periodismo en Venezuela sigue siendo una labor de alto riesgo frente a un Estado que persiste en su intento de controlar el flujo informativo.
El informe de IPYS Venezuela revela que las restricciones en internet se consolidaron como la forma de censura más recurrente, con 32 casos registrados. Estas incluyeron bloqueos selectivos de páginas web y ataques de suplantación de identidad, acciones que impidieron el acceso a contenidos críticos. Estas acciones vulneran el derecho de los ciudadanos a estar informados, evidenciando un patrón sostenido de control estatal sobre el ecosistema digital informativo.
La violencia contra la prensa se mantiene como una preocupante herramienta de represión. En el período analizado, se documentaron 18 agresiones físicas y verbales dirigidas a periodistas, medios de comunicación y ciudadanos que ejercen su derecho a expresarse. A esto se suma la persistencia del discurso estigmatizante, con 16 incidentes protagonizados por figuras públicas y medios oficiales que buscan deslegitimar y criminalizar a periodistas y medios independientes.
Día Mundial de la Libertad de Prensa: SNTP recuerda que en Venezuela hay 35 periodistas judicializados
El hostigamiento judicial tampoco cesa
IPYS Venezuela contabilizó 6 casos en los que el sistema de justicia fue utilizado como instrumento para intimidar y castigar a trabajadores de la prensa. Demandas, citaciones arbitrarias y procesos judiciales sin las debidas garantías se emplean como mecanismos para desmovilizar el periodismo crítico.
Uno de los indicadores más alarmantes del deterioro de las libertades informativas en 2025 es el incremento de periodistas encarcelados. Hasta la fecha, 14 comunicadores permanecen privados arbitrariamente de libertad, de los cuales 9 fueron detenidos en los primeros cuatro meses del año. Casos emblemáticos como los de Nakary Mena Ramos, periodista de Impacto Venezuela, y Rory Branker, editor de La Patilla, ilustran la gravedad de la situación.
Mena Ramos fue detenida junto a su esposo, el camarógrafo Gianni González, tras la publicación de un reportaje sobre la inseguridad en Caracas. Ambos fueron formalmente acusados de «instigación al odio» y «publicación de noticias falsas». Por su parte, Rory Branker permanece en condición de desaparición forzada desde su detención por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) el 20 de febrero, acusado públicamente de extorsión e información falsa sin que se presenten pruebas ni se respeten las garantías procesales.
IPYS Venezuela enfatiza que estos hechos no son aislados, sino que forman parte de una política sistemática destinada a silenciar la libertad de expresión. Esto generar miedo entre quienes ejercen el periodismo independiente en el país. El balance del primer cuatrimestre de 2025 revela una continuidad de las prácticas represivas observadas en 2024, año en el que la organización documentó 383 casos que derivaron en 571 violaciones a las libertades informativas.
Desiertos informativos
La organización defensora de la libertad de prensa subraya que en un país donde el acceso a fuentes oficiales es limitado y los periodistas enfrentan amenazas constantes, el ejercicio del periodismo se ha convertido en un acto de resistencia. Esta situación genera peligrosas zonas de silencio informativo que afectan directamente el derecho de la ciudadanía a conocer su realidad.
IPYS Venezuela reiteró la urgencia de liberar a todos los periodistas detenidos arbitrariamente y de poner fin a las prácticas de censura y persecución. Asimismo, hizo un llamado a la comunidad internacional, a las organizaciones de derechos humanos y a los entes multilaterales a mantenerse vigilantes y exigir al Estado venezolano el respeto irrestricto a la libertad de expresión y al derecho a la información.
«Defender al periodismo es defender la democracia. Garantizar el libre flujo de información es proteger el derecho de los ciudadanos a conocer, opinar y decidir libremente», concluyó IPYS Venezuela en su alerta.
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