El gobierno venezolano ha asesinado, torturado, detenido y desaparecido forzadamente a personas que buscaban un cambio democrático, y muchas otras han huido del país, según revela el último informe de Human Rights Watch (HRW).
El documento de 111 páginas deja al descubierto las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas contra manifestantes, transeúntes, líderes de la oposición y críticos durante las protestas y en los meses posteriores a la elección presidencial del 28 de julio de 2024.
La organización respalda sus denuncias en 101 entrevistas que incluyeron víctimas y sus familiares, testigos, defensores de derechos humanos, periodistas y otras fuentes locales, por teléfono y en persona, entre julio de 2024 y abril de 2025.
Human Rights Watch también analizó y verificó 76 videos y 17 fotografías relacionados con incidentes de represión poselectoral.
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El informe, titulado “Castigados por buscar un cambio: Asesinatos, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias tras las elecciones de 2024 en Venezuela», vincula a las autoridades y a grupos armados partidarios del gobierno, conocidos como “colectivos", con abusos generalizados de derechos humanos.
Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, considera que “la comunidad internacional debería reafirmar su compromiso por la democracia y los derechos humanos en Venezuela y presionar para que el gobierno de Maduro rinda cuentas por las atrocidades que ha cometido".
24 asesinatos
Human Rights Watch documentó que 24 manifestantes y transeúntes fueron asesinados durante las protestas que se produjeron en todo el país después de la elección presidencial por las fuerzas de seguridad y los colectivos.
El informe también indica que más 2.000 personas fueron detenidas por protestar, criticar al gobierno o apoyar a la oposición.
Estos ciudadanos fueron acusados de “incitación al odio" y “terrorismo", sin garantía del debido proceso ni derecho a una defensa privada. Se trata de delitos que conllevan a penas de hasta 30 años de cárcel.
En el contexto de esta represión, según Human Rights Watch, varios detenidos fueron víctimas de desaparición forzada. Entre ellos figuran miembros de la oposición y sus familiares, así como decenas de ciudadanos extranjeros.
Algunos de estos arrestados fueron torturados y asfixiados con una bolsa mientras los interrogaban, como el caso del exconcejal de Caracas Jesús Armas. Otros fueron sometidos a descargas eléctricas y enviados a celdas de castigo.
Human Rights Watch también registró el caso de tres menores de edad detenidos que fueron golpeados y maltratados por los cuerpos de seguridad, y de niñas a quienes intentaron obligar a tener relaciones sexuales a cambio de protección.
Un triunfo en entredicho
El informe de Human Rights Watch menciona que los observadores electorales internacionales, en particular el panel de expertos de Naciones Unidas y el Centro Carter, plantearon serias dudas sobre la legitimidad de los resultados del 28 de julio.
“El Centro Carter concluyó que las actas de escrutinio recogidas por la oposición mostraban que, con una gran probabilidad, el candidato opositor Edmundo González había ganado por un margen significativo", cita el escrito.
Fueron precisamente estos dudosos resultaron, cuyas actas nunca mostró el Consejo Nacional Electoral (CNE), los que dieron origen a las protestas en Venezuela y a la represión por parte del Estado.
“Desde que comenzó la represión, muchos venezolanos han abandonado el país en búsqueda de protección en el exterior. Muchos se enfrentan a sistemas de asilo plagados de retrasos en América Latina y a procesos de reasentamiento hacia Estados Unidos que han sido suspendidos por la administración Trump", destaca el informe.
De acuerdo con Human Rights Watch “con ocho millones de venezolanos en el extranjero, la situación en Venezuela constituye la crisis de derechos humanos con más consecuencias para el hemisferio".
Human Rights Watch considera que los gobiernos extranjeros deberían asegurarse de que cualquier acercamiento con Nicolás Maduro sea para lograr mejoras verificables en materia de derechos humanos, incluyendo la liberación de las víctimas de desaparición forzada o detención arbitraria.
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