Defensores públicos guardaron silencio y no presentaron todas las pruebas entregadas por familiares de los detenidos en las protestas postelectorales durante las audiencias preliminares, denunciaron parientes y representantes de varias ONG.
El Pitazo entrevistó a familiares de detenidos en Caracas, Altos Mirandinos, Tocuyito y Tocorón. Coincidieron en que antes de las audiencias, custodios los obligaron a firmar un papel en blanco, esto sería usado, según les dijeron, para elaborar una testificación falsa en la que ellos confirman que tuvieron acceso a un abogado privado.
“Las audiencias se ejecutaron sin permitir el ingreso de los abogados de confianza y los defensores públicos impuestos no presentaron los documentos enviados por los familiares: cartas de buena conducta, constancias de estudios, de trabajo, deportivas o informes médicos", denunció el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) a través de un comunicado de prensa.
Madres de varios de los adolescentes que permanecen recluidos en la Casa de Justicia 431 de El Cementerio, detallaron que los defensores públicos no aceptaron todos los documentos presentados, les aseguraron que con uno o dos de estos papeles era suficiente. “Tenemos informes médicos, constancia de inscripción en el liceo, pero varios de ellos dijeron que no eran necesarios", detalló una de las madres.
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Algunos intentaron hacer el trabajo
La madre de un adolescente de 15 años, detenido en Los Teques, capital del estado Miranda, aseguró que el defensor asignado a su hijo se pronunció durante la audiencia preliminar, que se hizo de forma telemática, revelando que no le permitieron presentar todos los soportes demostrativos de que el joven no participaba en una protesta, pero el juez ignoró su postura. El defensor tampoco precisó qué autoridad le impidió el ingreso de todos los documentos.
Otra de las denuncias hechas por familiares es la presión ejercida por defensores públicos sobre sus defendidos para que estos se declaren culpables por terrorismo e incitación al odio, con la finalidad de que las penas por los delitos, que pueden ser hasta de 20 años de cárcel, se reduzcan a 10 o menos.
Todos los familiares entrevistados dijeron que ninguno de los detenidos se declaró culpable, al contrario, se defendieron en las audiencias asegurando que son inocentes de los cargos que les imputan. Por lo que sus casos fueron pasados a juicio.
En una publicación realizada el 10 de septiembre, El Pitazo reseñó las obligaciones de los defensores públicos según la Ley Orgánica de la Defensoría pública, cuyo artículo 26 destaca:
«(…) vigilar el respeto de los derechos y garantías constitucionales de sus defendidos y defendidas y orientar, asistir, asesorar o representar ante las autoridades competentes, los intereses y derechos jurídicos de sus defendidas o defendidos, a cuyo efecto deben hacer valer todas las acciones, excepciones o defensas que correspondan».
En el artículo 7 es muy clara la norma sobre la defensa de los derechos humanos que corresponde al defensor público:
“(…) las Defensoras Públicas y Defensores Públicos se encuentran legitimados para solicitar al Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo el inicio de la investigación correspondiente por la presunta violación de los derechos humanos de la que tengan conocimiento en el ejercicio de sus funciones y realizar el respectivo seguimiento a las actuaciones realizadas".
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