Caracas, 27 feb (EFE).- Familiares de políticos, activistas y otros detenidos en Venezuela, la mayoría en el contexto de las protestas tras la cuestionada elección presidencial del 28 de julio, pidieron este jueves al Ministerio de Servicios Penitenciarios la creación de una mesa de diálogo para «tomar acciones» que permitan la liberación de sus parientes.
«Exigimos hoy poder llegar a una mesa de diálogo con esta institución del Estado y nosotros, los familiares de presos políticos. Que nos escuchen», afirmó en una manifestación ante la sede ministerial Aurora Silva, esposa del dirigente de Voluntad Popular Freddy Superlano, detenido en agosto de 2024.
Ruta por la Justicia: familiares de presos políticos protestaron en la Defensoría del Pueblo
La mesa estaría representada por la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela (Clippve), según se explica en un documento entregado por los familiares este jueves al Ministerio de Servicios Penitenciarios, en el que además denuncian «violaciones sistemáticas a los derechos humanos» y demandan acciones concretas que conduzcan «a la liberación inmediata de los presos políticos«.
Según Silva, los familiares denuncian patrones que se repiten en centros de reclusión como El Helicoide -sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas- y en el Rodeo I, estado Miranda, donde los detenidos son sometidos a «aislamiento prolongado«, suspensión de visitas «como castigo» y «traslados arbitrarios».
Los familiares entregaron el documento para ratificar las denuncias suscritas en uno anterior -con fecha 18 de octubre de 2024, que exponía «las condiciones graves y deshumanizantes» en centros penitenciarios-, que no ha sido respondido hasta la fecha, aseguró a EFE Andreína Baduel, integrante del Clippve y hermana de Josnars Adolfo Baduel, preso desde 2020.
La denuncia ante el Ministerio de Servicios Penitenciarios se produjo en el marco de la manifestación Ruta por la justicia y libertad -organizada por familiares de los arrestados y activistas de derechos humanos-, que se inició el lunes y finalizará este viernes, cuyo objetivo es protestar ante instituciones públicas, como la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía en Caracas.
Presos políticos excarcelados: el costo de viajar a Caracas para cumplir medidas cautelares
Tras las presidenciales de julio, se desató una crisis por la denuncia de fraude de la mayor coalición opositora, que considera que su candidato, Edmundo González Urrutia, ganó esta contienda y no Maduro, como proclamó el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por el chavismo.
En este contexto, fueron detenidas más de 2.400 personas, de las cuales casi 1.900 han sido excarceladas después de una revisión de medidas ante la Justicia, según la Fiscalía; cifras que la ONG Foro Penal -en defensa de presos políticos- asegura que no ha confirmado.
Foro Penal contabilizaba, hasta 17 de febrero, un total de 1.061 personas que considera presos políticos, entre los que cuenta a detenidos de antes y después de las elecciones de julio; mientras que la Fiscalía y la administración de Maduro niegan que en el país haya detenidos por razones políticas, sino que «cometieron delitos».
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