El partido político Primero Justicia exigió una investigación por las denuncias de la exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Bárbara César, quien la noche del 6 de octubre dijo que fue coaccionada con la detención de sus dos hermanos militares y una cuñada para firmar la inhabilitación política de María Corina Machado cuando ella era la vicepresidenta de la Sala Político-Administrativa del máximo juzgado.
«Lo denunciado por la exmagistrada Bárbara César Siero exige una investigación seria, independiente y transparente«, dijo la formación política en sus redes sociales.
César en su denuncia mencionó al exministro de la Defensa, Vladimir Padrino López; a la actual presidenta del TSJ, Caryslia Beatriz Rodríguez; al exfiscal Tarek William Saab y al nuevo fiscal Larry Davoe; a la defensora del Pueblo, Eglee González Lobato y otros exmagistrados a los que acudió para hacer sus denuncias o que participaron en la coacción en su contra para entre otros hechos forzarla a renunciar ante el TSJ y quitarle su jubilación.
«Si un magistrado puede ser presionado mediante la libertad y la integridad de sus familiares, no estamos hablando únicamente de la violación de los derechos de una familia: estamos hablando de la independencia de la justicia y de los derechos políticos de millones de venezolanos», agregó Primero Justicia.
Qué pasó con los hermanos de la jueza
Los hermanos y cuñada de César, el teniente coronal Guillermo César; el mayor Guillermo Henry César y la mayor Diana Victor Justo fueron condenados la semana anterior por el caso Brazalete Blanco; el primero por el delito de traición a 12 años de prisión y los otros dos por encubrimiento a 3 años de prisión.
En su denuncia, la exmagistrada afirmó que los torturaron, sometieron a tratos crueles, inhumanos y degradantes y que desde su detención, el 15 de diciembre de 2023, pasaron 78 días para que familiares pudieran visitarlos en la cárcel de El Rodeo I ya en el año 2024.
Calificó su detención de arbitraria y una forma de presionarla para que inhabilitara a Machado, quien en octubre de 2023 había ganado las elecciones primarias de la oposición venezolana por una amplia mayoría, pero debido a la inhabilitación que ratificó la Sala Político-Administrativa en su contra no pudo participar en las presidenciales del 28 de julio de 2024.
«Desde Primero Justicia hemos insistido en que Venezuela necesita instituciones que no respondan a presiones políticas, jueces que puedan decidir con independencia y ciudadanos que puedan ejercer plenamente sus derechos. Por eso la transformación del sistema de justicia no puede ser cosmética. Venezuela necesita un Tribunal Supremo de Justicia verdaderamente independiente, el fin de las inhabilitaciones políticas arbitrarias, debido proceso para todos y garantías de no repetición», agregó la organización.
El dirigente político César Pérez Vivas advirtió que mientras sigan las actuales autoridades en el poder, «Miraflores hará lo mismo con los magistrados que designen. Es un libreto del terror que aprendieron del castrismo cubano. El cambio solo será real cuando los usurpadores salgan del poder real», señaló en su cuenta de la red social X.
Quién es la exmagistrada Bárbara César
La exmagistrada llegó al TSJ en abril de 2014 pese a su corto paso por el sistema judicial venezolano. Como jueza fue quien firmó la prohibición de salida del país del entonces editor del diario Tal Cual, el fallecido Teodoro Petkoff, en la demanda en su contra que introdujo en tribunales de Caracas el número dos del chavismo, Diosdado Cabello.
El sitio web Suprema Injusticia, de la ONG Transparencia Venezuela, destacó en una investigación sobre César que provino de la Defensa Pública, tuvo un breve paso por los juzgados de la capital venezolana antes de dar el salto al TSJ, quizá por esa decisión a favor de Cabello, quien era presidente de la Asamblea Nacional cuando la escogieron magistrada a los 39 años. Ese mismo Parlamento la puso al frente de la coordinación para constituir los tribunales de No Violencia contra la Mujer, pese a su falta de experiencia en ese campo.
Violencia política contra Machado
Para el exfiscal Zair Mundaray la denuncia de César ratifica que la inhabilitación política contra María Corina Machado es nula.
«Así debería declararlo la Sala Constitucional en un eventual avocamiento o revisión constitucional. Obviamente los magistrados que hoy usurpan esa Sala no lo harán, pues responden a los mandatos del régimen», estimó en la red social X.
La activista de derechos humanos y codirectora de la ONG Laboratorio de Paz, Lexys Rondón, también se manifestó por las denuncias de César y cómo se ha ejercido violencia política en contra de Machado.
Enuméro «su inhabilitacion política, el impedimento de participar en espacios de tomas de decisión, agresión física, restricción al libre tránsito y al retorno a su país, exilio forzado, intimidación contra ella, su familia, sus partidarios».
Rondón añadió la difamación y calumnia para desacreditar el ejercicio político de la líder opositora, la restricción para acceder a medios de comunicación, tanto públicos como privados, la discriminación por estereotipos de género, sanciones injustificadas, entre otras. «Una transición que no puede garantizar que estas violencias cesen de forma inmediata para una premio Nobel y el liderazgo mayoritario legítimo del país es una ZONA GRIS», advirtió en X.